El Instituto de Crédito Oficial está tramitando 9.091 facturas de 947 proveedores del Gobierno de Extremadura, dentro de los 73,6 millones que se abonará, dentro de la tercera y última fase del Plan de Pagos a Proveedores del Gobierno de España, para pagar las facturas pendientes de las Administraciones Públicas.
Cabe señalar que, Extremadura no participó en el primer tramo de la última fase al no presentar ninguna factura, pero sí en el segundo tramo, que sólo afecta a las comunidades autónomas y no a los ayuntamientos.
De esta forma, lo indicó el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, quien no dio una fecha para el cobro de los otros 44,1 millones restantes pero, aseguró que será a principios del 2014, porque este plan finalizará una vez entre en vigor el próximo año la nueva ley de gestión de la deuda comercial en el sector público, que se encuentra en trámites parlamentarios.
Concretamente, la nueva ley establece el pago a los proveedores en un plazo de 30 días, si transcurridos 60 días no se han pagado las facturas, el Gobierno tomará medidas con las administraciones incumplidoras.
Dentro de las tres fases del plan y hasta la fecha, Extremadura ha presentado 63.753 facturas por un importe de 152,7 millones de euros, a los que hay que sumar los 44,1 millones pendientes de plazo para abonar. En total recibirá 196,8 millones.
El Plan de Pago a Proveedores surgió como una operación extraordinaria para pagar las facturas pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011 de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que acumulaban importantes retrasos en los pagos debido a la crisis financiera y a la elevada deuda comercial.
Según López Iglesias, en esta última fase del plan, se amplió el periodo de facturas pendientes hasta el 31 de mayo del 2013, resaltando que ésta ha sido "la mayor operación de refinanciación realizada en España" pues, ha supuesto una inyección de 40.000 millones de euros; a esta cantidad, habría que sumar los más de 38.000 euros de los fondos de liquidez autonómica, a los que Extremadura no se acogió.
El objetivo de este plan es erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas, a las que se les ha ofrecido un crédito cuyo interés se situó al inicio de la operación alrededor del 5% y en esta última fase se sitúa en el 3,34%, a pagar en un plazo de 10 años.
A este respecto, López Iglesias espera que todos los ayuntamientos que lo necesitaran se hayan podido acoger a este plan, que consideró "un salvavidas del Gobierno", con el que ha evitado que muchos ayuntamientos se vayan "a la bancarrota" y, con ellos, numerosas pequeñas y medianas empresas y autónomos.