En primer lugar hemos de reseñar nuestra valoración positiva a la decisión de acometer la reforma del sistema tributario, y, dentro de este proceso, el informe presentado hoy supone un trabajo exhaustivo de análisis e incorpora interesantes reflexiones para dicha reforma.
Desde CEOE y la CREEX queremos felicitar a sus autores por el trabajo realizado, con el que, tras una primera lectura, coincidimos en gran parte de su planteamiento y con algunas de las medidas concretas propuestas aunque discrepamos de otras.
Sin perjuicio de realizar un estudio más detallado del informe, realizamos las siguientes valoraciones preliminares:
Respecto al análisis general de la situación de nuestro sistema tributario y las líneas orientadoras de la reforma, compartimos en gran parte el análisis que se realiza de nuestro sistema tributario que sufre de una menor recaudación respecto al PIB que el de países de nuestro entorno, a pesar de contar con unas Cotizaciones Sociales empresariales superiores a la media Europea y de tipos de gravamen iguales o superiores a la media de la UE.
En este sentido, consideramos oportuno el análisis de las cotizaciones sociales empresariales a la hora de valorar la presión fiscal soportada por las empresas en nuestro país y compartimos la necesidad de acometer su reducción que, en nuestra opinión es urgente y debe ser realizada de inmediato para, de esta forma, fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo. No se puede olvidar que el incremento en los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido realizada en 2012 ya se planteó como una medida que se acompañaría de una reducción de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social, que debe ser cumplida ahora sin condicionarla a futuros incrementos adicionales del IVA.
De los objetivos marcados en el informe como inspiradores de la reforma, destacamos la mejora de la competitividad, favorecer el ahorro e incrementar el empleo, pero estimamos que el objetivo de consolidación fiscal debe conseguirse en mayor medida a través de una política de reducción de gasto público.
Coincidimos asimismo en que la reforma no debe suponer un incremento de la imposición. En el informe se hace mención a la neutralidad en términos recaudatorios, sin embargo, en nuestra opinión, debería plantearse la posibilidad de realizar determinadas reducciones de impuestos (fundamentalmente la desaparición de las medidas de carácter temporal adoptadas para estos últimos ejercicios) ya que entendemos que, de este modo, se podría incrementar el consumo, la actividad económica y el empleo.
Estimamos, no obstante, que en el análisis falta una alusión necesaria a la excesiva complejidad de nuestro sistema tributario actual, a las excesivas cargas administrativas que comporta y a la inseguridad jurídica que producen las anteriores circunstancias junto con los continuos cambios normativos, muchos de los cuales afectan a decisiones de inversión ya tomadas.
Por último, estamos de acuerdo en la necesidad de coordinar las políticas tributarias estatales y autonómicas (aunque estimamos necesario incluir a las entidades locales dentro de la necesidad de coordinación a través del procedimiento que se sugiere implantar), así como en la supresión de los Impuestos Autonómicos (muchos de carácter medioambiental) surgidos en los últimos años.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades.
Consideramos que falta una referencia a la fidelidad al resultadcontable a la hora del cálculo de la base imponible del Impuesto, sin embargo estamos de acuerdo con la necesidad de reducir los tipos nominales de gravamen para acercarlos al tipo efectivo, aunque insistimos en la necesidad de establecer medidas para paliar el impacto contable que esta reducción puede tener para determinadas empresas.
En cuanto a las deducciones, no compartimos el criterio de su eliminación con carácter general, sería más oportuno proceder a una revisión de las mismas, modificando aquellos aspectos que se necesario reformar para que cumplan su finalidad y contribuyan, en un plazo medio, a la generación de mayores ingresos tributarios mediante el incremento de la actividad económica que generen.
No compartimos en absoluto la limitación de la deducción de gastos financieros e insistimos en que para que el condicionante fiscal no influya a la hora de diseñar la estructura financiera de una empresa sería más conveniente introducir medidas que compensaran fiscalmente el incremento de fondos propios a través de una reducción en la base imponible al estilo de la implantada en otros países de nuestro entorno.
Estamos de acuerdo en la revisión de los coeficientes de amortización para que reflejen en todo caso la depreciación efectiva producida en cada ejercicio de los distintos activos empresariales pero, por ese mismo motivo, no podemos estar de acuerdo con el mantenimiento de la limitación del 70% sobre coeficiente máximo que se aplica en la actualidad.
Tampoco consideramos aceptable la introducción de una tributación mínima en el régimen de exención por doble imposición de dividendos o beneficios procedentes de la enajenación de participaciones en entidades no residentes. Una medida de este tipo perjudicaría en gran medida la expansión internacional de nuestras empresas afectando su competitividad internacional y, probablemente, produciría deslocalizaciones de grupos con consecuencias adversas para la economía y el empleo.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Nuestra opinión no es favorable a una eliminación integral de exenciones siempre que sea posible sin un previo estudio y justificación de cada una de estas medidas sopesando el impacto que pueda tener sobre los sectores afectados y su repercusión sobre la actividad económica y el empleo.
Asimismo no es posible subir los tipos de gravamen ni desplazar servicios y bienes desde los tipos reducido y superreducido al tipo general, medidas que, de llevarse a cabo, producirían una mayor caída de la demanda interna y comprometerían la recuperación económica.
Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Estamos de acuerdo con la proposición de eliminación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio, pero sin que esta figura se sustituya con una mayor tributación del ahorro en el Impuesto sobre la Renta.
No estamos de acuerdo con la propuesta de mantener el Impuesto sobre Sucesiones pero en ningún caso se deberían eliminar las reducciones previstas para la transmisión de empresas familiares.
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