El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. Esto permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones. Además, facilitarán que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.

La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de CEOE han analizado las consecuencias económicas y jurídicas del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y han acordado, de forma unánime, pedir al Gobierno la retirada del mismo y la constitución de una comisión con los agentes sociales para analizar detalladamente el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son.