El Diario Oficial de Extremadura publicó ayer el Decreto 132/2015, de 23 de junio, por el que se modifica el Decreto 168/2012, de 17 de agosto, y por el que se regula la gestión de la Formación Profesional para el empleo en materia de oferta en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Un Decreto, que fue aprobado de manera unilateral en el último Consejo de Gobierno, celebrado el 23 de junio, sin contar con los Agentes Económicos y Sociales integrantes del Consejo de Formación Profesional de Extremadura, que precisamente tiene entre sus funciones la de informar con carácter previo de las actuaciones normativas que sobre la materia se desarrollen.
El Consejo de Gobierno fundamenta la aprobación de este decreto sobre la necesidad de la adecuación normativa del actual marco normativo a lo previsto en el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, pero precisamente incumplen con lo recogido en el primer artículo de este RD, donde puede leerse que “el sistema de formación profesional para el empleo responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los demás agentes que intervienen en el mismo”.
De igual manera, recoge este RD que “las organizaciones empresariales y sindicales participarán en la planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo”, algo para lo que el Gobierno de Extremadura no les ha tenido en cuenta. Tanto es así que una de las modificaciones, la relacionada con el sistema de pago anticipado de las subvenciones, se ha redactado con carácter mucho más restrictivo que el propio Decreto Nacional.
Finalmente, y en este sentido, entendemos la necesidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el propio Plan 3E suscrito por el Gobierno actual y las organizaciones UGT, CCOO y CREEX. Precisamente este Acuerdo Marco, en su apartado de educación y formación, recogía expresamente lo siguiente “la Administración autonómica llevará a cabo un reforzamiento de la participación de los agentes sociales y económicos más representativos a través del Consejo de Formación Profesional”, compromiso que, evidentemente, no ha cumplido el Gobierno del Partido Popular.