CEOE, organización a la que pertenece la CREEX, presentó la semana pasada, en Madrid, un informe sobre La reformulación del sistema bonus-bonus vs. bonus-malus, realizado por varios autores, entre ellos Manuel Luque, catedrático acreditado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra y director de la investigación, que fue el encargado de la presentación del estudio. Este trabajo analiza la configuración del sistema español de cotización por contingencias profesionales, así como el sistema de incentivos, en comparación con los sistemas francés y alemán.
El acto contó además con la presencia del director del departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, la jefa del área de Seguridad Social y Prevención, Marina Gordon, y la responsable de proyectos de prevención, Helena Morales.
El estudio, que se enmarca en el conjunto de acciones preventivas que durante 2015 está desarrollando la patronal con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, formula propuestas de cara a una futura reforma de la ley que reformule el sistema español bonus-bonus y bonus-malus, de modo que se reduzcan o aumenten las cotizaciones de las empresas en función de su siniestralidad de manera clara y suficiente, e incentivar así la prevención de riesgos laborales.
En la actualidad, en España la reducción máxima de las cotizaciones para las empresas que cumplen con todas sus obligaciones en prevención es de un 10%, mientras que, por ejemplo, en Francia llega hasta un 25%, y en Alemania las mutuas de accidente tienen libertad para establecer dicho límite. Según las conclusiones del informe, habría que tender hacia el modelo francés para incentivar realmente la prevención entre las empresas españolas.
En el caso del bonus-malus, en nuestro país está representado por el recargo de prestaciones económicas en caso de accidente y enfermedad profesional, figura que sólo existe en España y que, en opinión de Manuel Luque, es insensible a las buenas o malas prácticas en prevención por parte del empresario, por lo que debería desaparecer.
En estos momentos el Gobierno trabaja en la elaboración de un Real Decreto sobre este sistema de incentivación de la prevención que podría ver la luz antes de finalizar el año, cuyo borrador incluye una simplificación de los trámites administrativos que deben seguir las empresas que tengan índices de siniestralidad por debajo de la media de su sector para acceder a los incentivos. El texto contempla también un aumento de la cuantía destinada a cubrir estas bonificaciones, que pasaría de los 30 millones de euros actuales a aproximadamente 300 millones de euros para 2016.
