Este decreto, que deroga la normativa anterior sobre esta materia, distingue dos modalidades de ayudas: una para proyectos de I+D realizados por una empresa y otra para proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación de, al menos, un centro público o privado de I+D.
Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, nacen con una clara vocación innovadora y ponen a disposición de las empresas y agrupaciones de empresas "un instrumento ágil y eficaz que facilite la realización de actividades de I+D y la incorporación de personal cualificado, incrementando la competitividad de las mismas".
La incorporación de estas mejoras en las empresas extremeñas "revitalizará la economía regional y la creación de un empleo cualificado".
De acuerdo con el decreto, se entiende por investigación industrial la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes.
Por otra parte, el desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos nuevos o mejorados en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados.
