El patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo ha aprobado la primera convocatoria de ayudas para la formación de trabajadores ocupados, a la que se destinarán 250 millones de euros procedentes de las cuotas de formación profesional que pagan empresarios y trabajadores.
Esta convocatoria constituye la primera dirigida a los trabajadores ocupados desde la aprobación de la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, según ha informado la Fundación Tripartita en una nota.
Bajo la presidencia del secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y con la asistencia de los representantes de la Administración General del Estado (AGE), de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de la mayor parte de las comunidades autónomas, se ha celebrado la primera reunión del patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
El objetivo estratégico de la convocatoria aprobada es la implantación de una política de formación "para la cualificación de los trabajadores que impulse la competitividad de las empresas y la mejore la empleabilidad, en un contexto de recuperación económica como el que se da en este momento en España", al ser "especialmente relevante".
En esta convocatoria, que ha sido aprobada con el voto favorable de los representantes de la AGE, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, así como de los representantes de las comunidades autónomas de Extremadura, Valencia, Castilla y León, Galicia y Madrid, se recogen ya las principales novedades que la Ley de 2015 introdujo en la regulación del sistema.
Participación de un 30% de desempleados
La propuesta aprobada incluye la participación de hasta un 30% de trabajadores desempleados. También podrán participar los trabajadores autónomos y los de la economía social, así como empleados públicos.
La determinación de las necesidades formativas a financiar se ha basado en el diálogo social y en la negociación colectiva de las comisiones paritarias en los respectivos ámbitos sectoriales, de acuerdo con la Ley 30/2015. Además, se consideran prioritarias las áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética, entre otras.
También se ha dotado de una financiación adicional a los cursos de acreditación para el ejercicio de las profesiones reguladas relacionadas con la atención sociosanitaria a personas dependientes y el control fitosanitario.
Al tratarse de una convocatoria estatal las solicitudes deberán atender los ámbitos territoriales de radicación de las empresas y trabajadores de los distintos sectores de actividad determinados por las comisiones paritarias.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros desglosado en cuatro tipo de planes: de formación sectorial (216 millones), de formación intersectorial (22 millones), de formación intersectorial dirigidos a trabajadores ocupados y socios de la economía social (6 millones) y de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos (6 millones).
Asimismo, el patronato ha aprobado la reforma de los estatutos de la Fundación Estatal y su Código de Buen Gobierno. Con este último, la Fundación estatal se ha dotado de un instrumento normativo complementario que "pretende reforzar la confianza de la sociedad y de los interesados en su actividad como entidad colaboradora en la gestión de fondos públicos".
