El Gobierno excluye a Patronal y Sindicatos de uno de los órganos de control más importantes del Sistema de Formación, tal y como informó el Secretario de Estado de Empleo el pasado viernes en reunión del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, rompiendo el consenso alcanzado en los últimos meses.
El pasado 12 de mayo, ese Patronato aprobó un texto de Convocatoria de ayudas para la formación que, sin embargo, la semana pasada ha sido unilateralmente modificado por el Gobierno sin respetar el acuerdo, lo que ha ocasionado que las Organizaciones Empresariales, Sindicales y la mayoría de las Comunidades Autónomas se hayan desvinculado de una Convocatoria que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros las próximas semanas.
Esta decisión de expulsar a los representantes de los empresarios y los trabajadores de dichos órganos no se ajusta a derecho ya que, no sólo contraviene el Convenio 88 de la OIT sobre la obligación de consulta a los Interlocutores Sociales en asuntos relacionados con el empleo; sino que además, es contraria a reiterados pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que la Formación ha sido históricamente una materia estratégica para la competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajadores, desarrollada en el marco del Diálogo Social mediante los sucesivos Acuerdos que desde 1992 se han firmado con los diferentes Gobiernos.
Esta nueva medida del Gobierno justifica, aún más si cabe, la discrepancia que siempre han manifestado las Organizaciones Empresariales respecto a la vigente reforma del modelo de Formación, y que ha consolidado un sistema claramente intervencionista, politizado, burocrático, poco transparente en cuanto al destino de los fondos y muy alejado de las necesidades empresariales.
Son las empresas y los trabajadores quienes financian el sistema mediante la cotización de la cuota de formación profesional, cuyos fondos deberían tener un único fin: su formación. Por ello, deben ser considerados como los auténticos protagonistas del modelo, máxime cuando son los principales conocedores de las necesidades formativas, en constante evolución, del tejido productivo.
Las Organizaciones Empresariales, tras el balance negativo del primer año de vigencia de la Ley de Formación, consideran urgente su modificación, por lo que es su voluntad continuar negociando con quien corresponda en cada momento, alcanzando consensos que permitan construir un sistema que realmente mejore la competitividad de las empresas y facilite el ajuste de la cualificación profesional de los trabajadores a las necesidades reales de las empresas.
