El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y el Programa de Estabilidad de España 2012-2015. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que el Programa de Estabilidad "marca la senda para que el equilibrio presupuestario y el ajuste de las cuentas públicas sea definitivo en nuestro país".
La actualización del Programa de Estabilidad presenta el cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno para el periodo 2012-2015, según ha explicado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Este cuadro permite alcanzar en 2012 un déficit público del 5,3% del PIB, mantener el objetivo del 3% del PIB fijado para 2013 y alcanzar en 2015 un déficit del 1,1%; un superávit primario a partir de 2013 e iniciar una senda de reducción del porcentaje deuda pública/PIB a partir de 2014. El ministro ha pronosticado que se podría alcanzar el equilibrio presupuestario en el año 2016.
El Programa detalla las medidas que se adoptarán a todos los niveles administrativos para cumplir estos objetivos así como el calendario y efectos los esperados.
Luis de Guindos también estima que a partir del año 2014 se iniciará un proceso de reconducción del peso de la deuda pública en la economía española. Además, ha indicado que en los años 2012 y 2013 se establece un crecimiento ligeramente positivo del PIB. La caída del empleo "será muy moderada el año que viene, del 0,4%" o se estabilizará, según el ministro.
El ministro de Economía y Competitividad ha añadido que las cuentas de España con la Unión Europea ponen de manifiesto que nuestro país "está ganando competitividad". "La economía española es competitiva y tiene capacidad de crecer en el futuro, y ahí está el principal elemento de optimismo", ha dicho.
Luis de Guindos ha repasado las medidas adoptadas por el Gobierno para alcanzar la consolidación presupuestaria. Entre ellas ha citado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el proyecto de ley de Transparencia, la creación de una Línea ICO-vencimiento y el fondo de financiación y pago a proveedores, así como otras iniciativas de la Administración Central para hacer sostenible el gasto público.
Además, ha anunciado que en el año 2013 se proyecta un incremento del IRPF por importe de 1.000 millones de euros. "Estamos planteando reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo e incrementar la imposición sobre el consumo con un incremento neto de recaudación que estaría en el entorno de 8.000 millones de euros", ha dicho.
El esfuerzo de consolidación fiscal en el año 2012 superará ligeramente los 30.000 millones de euros y en el año 2013 se acercará a los 20.000 millones, según ha cuantificado el ministro.
Plan Nacional de Reformas 2012-2015
El Programa Nacional de Reformas de España 2012 incluye los siguientes objetivos: consolidación fiscal; fomento del crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de las Administraciones Públicas para evitar duplicidades, según ha expuesto el ministro Luis de Guindos.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que también contempla la liberalización de determinados servicios para que entre la participación del capital privado, así como la reforma de los sectores inmobiliario y del mercado de alquiler.
En este sentido, el ministro de Economía y Competitividad ha anunciado que el Gobierno presentará un plan de privatizaciones en las próximas semanas que pretende racionalizar y simplificar los diferentes entes administrativos.
Luis de Guindos ha resaltado que el conjunto de medidas acordadas para los años 2012-2020 supondrá un incremento de la economía española de 8,6 puntos, cerca de 100.000 millones de euros de renta nacional, lo que supone un crecimiento potencial de un punto por año. Además, se podrían crear dos millones de puestos de trabajo en ocho años.
Plan de lucha contra el fraude laboral
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que el objetivo principal del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en Seguridad Social, aprobado en Consejo de Ministros, es "evitar comportamientos que atenten contra los derechos de los trabajadores y supongan efectos negativos por la competencia desleal entre empresas que cumplen sus obligaciones y las que no lo hacen".
Báñez, en su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha repasado los diferentes aspectos que contempla el plan como son las actuaciones que comprende, el impulso a la colaboración institucional y las modificaciones normativas que habrán de acometerse.
Además, la ministra ha anunciado la aprobación de unas medidas complementarias en materia de Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la prolongación de la vida activa para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En esta línea, ha señalado, que las empresas de más de 100 trabajadores (antes eran las de 500), que tengan beneficios, deberán realizar aportaciones al Sistema si incluyen a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos. También, se prohíbe la inclusión de la jubilación obligatoria en convenios colectivos, ha añadido.
Objetivos del Plan
Fátima Báñez ha citado como objetivos del Plan el afloramiento de la economía sumergida, corregir la percepción fraudulenta de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, particularmente en los supuestos de empresas ficticias, y combatir la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales.
Para ello, el Gobierno llevará a cabo una serie de actuaciones como son la organización más eficaz de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores a sus efectivos, la vigilancia, control y seguimiento de las situaciones de fraude detectado, así como la potenciación de la colaboración institucional.
Además, a fin de dar cumplimiento a este Plan, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo los cambios normativos necesarios entre los que se encuentran la modificación del Código Penal, de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y del Estatuto de los Trabajadores
Fuente: Gobierno de España
