Las grandes empresas españolas, aunque en general se muestran moderadamente satisfechas con el sistema fiscal de nuestro país y muy satisfechos con su grado de modernización tecnológica, consideran que hay muy poca estabilidad en las normas tributarias –lo que entorpece seriamente sus decisiones de inversión–, piden mayor clarificación y simplificación de dichas normas y demandan a la Administración mejor disposición y apertura al diálogo, tanto en lo relativo a la elaboración de las nuevas normas como en su consiguiente aplicación práctica.
Estas son algunas de las conclusiones que emanan de la primera encuesta realizada entre grandes empresas españolas sobre nuestro sistema tributario en su conjunto. El estudio ha sido elaborado por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), bajo el auspicio de la Fundación Impuestos y Competitividad, creada en 2011 por iniciativa de ocho prestigiosos despachos especializados en el ámbito fiscal con el objetivo de contribuir a la revisión, innovación y mejora del ordenamiento y la práctica tributarias de España y la Unión Europea, en beneficio de la competitividad española.
Los resultados de esta primera encuesta, que fija las opiniones de las grandes empresas españolas sobre los diferentes aspectos de nuestro sistema fiscal, han sido presentados recientemente en la sede de la universidad, cuyos sociólogos y expertos fiscales han sido los responsables de realizar el estudio. La muestra incluye respuestas de un total de 220 grandes empresas y grupos multinacionales radicados en España.
Las empresas se muestran satisfechas con el sistema fiscal español (52%), al que conceden una nota media del 6,63 (sobre 10), considerando que las tres figuras tributarias más gravosas –en términos de cuota, gestión, conflictividad y riesgo fiscal- son, por este orden, los impuestos sobre sociedades y sobre valor añadido, y las retenciones a cuenta.
Simplificación de las normas
De forma rotunda (94,44%) los encuestados coinciden en que es necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias. En su opinión (78%) hay poca o ninguna estabilidad en dichas normas y ello entorpece bastante o mucho las decisiones de inversión de las empresas (73%).
Las grandes empresas consideran (68%) claramente insuficientes las ventajas fiscales para la internacionalización de la actividad empresarial española o (80%) para favorecer la localización de empresas en España. En cuanto a los incentivos fiscales, el 71% de los encuestados cree que la aplicación administrativa ha dado poca o ninguna efectividad a los mismos; en particular en casos como el “Fondo de Comercio Financiero”, “la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles” y el “régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros”.
Las grandes empresas españolas, como pone de manifiesto el estudio, se sienten perjudicadas por la economía sumergida, a la que consideran nociva. El 95% considera que hay bastante o mucha economía sumergida y que esta realidad, no suficientemente superada, incrementa bastante o mucho la presión o la carga fiscal sobre los contribuyentes.
Incumplimiento de plazos
En lo relativo a la aplicación práctica del sistema tributario, la encuesta analiza los procedimientos y plazos vigentes, así como las relaciones de las empresas con la Administración. En este aspecto, las grandes empresas coinciden en calificar como ‘relevante’ el incumplimiento de los plazos en expedientes tributarios, tanto en los procedimientos en la vía económico-administrativa como en la vía jurisdiccional (por encima del 70% consideran que hay poco o ningún cumplimiento)
La misma calificación le dan a la falta de motivación de los actos (poca o ninguna) dictados en procedimientos de “comprobación limitada y gestión en general” (54%), “expedientes sancionadores”(54%) y “resoluciones de recursos de reposición”(63%).
Las empresas entienden poco o nada útiles el recurso de reposición (76,92%) y la vía económica administrativa (52´3%); así como la doble instancia en esta última vía (77´2%). Y estiman (por encima del 70%) que en pocos o ningún caso los tribunales económico-administrativos revocan los actos administrativos impugnados.
En lo relativo a sus relaciones con la Administración, destacan de forma significativa (entre el 61% y el 74%) que hay poca o ninguna disposición al diálogo y a la apertura por parte de la autoridad tributaria en la aplicación del sistema fiscal. Asimismo, un 84% opina que la Administración tiene poca o ninguna receptividad a las peticiones de las organizaciones empresariales en los procesos de aprobación de nuevas normas.
Perciben como bastante o muy necesaria una jurisdicción especializada en la interpretación de normas tributarias (92%).
Una amplísima mayoría de encuestados (96%) valora como muy importante y positivo el grado de modernización de la Administración Tributaria, destacando los sistemas digitales desarrollados en los últimos años y, en concreto, la introducción del sistema de notificaciones electrónicas (69,86%).
