El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del viernes a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el Plan Anual de Empleo para 2012, de acuerdo a lo establecido en la Ley 56/2003 de Empleo. El Plan contiene las acciones y medidas de políticas activas de empleo que llevarán a cabo las comunidades autónomas, a través de los fondos distribuidos de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y cuya distribución aprobó el viernes también el Gobierno.
Este Plan Anual se configura como un instrumento novedoso, ya que no existía uno similar con anterioridad, que permite una mayor flexibilidad en la ejecución de las medidas de políticas activas por parte de las Comunidades, mejorando así la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, aspecto que resulta esencial en el actual escenario de ajuste del gasto público, y que constituye una herramienta de evaluación de las políticas activas de empleo.
El Plan Anual de Empleo concreta los objetivos de la Estrategia Española de Empleo a alcanzar en este ejercicio en el conjunto del Estado y en las comunidades autónomas, así como los indicadores para medir su cumplimiento en la ejecución de las acciones de políticas activas de empleo. Por ello, este Plan es un instrumento destinado a mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y a mejorar la evaluación de éstas.
En el Plan se han establecido seis objetivos prioritarios a los que deberán estar vinculados todas las acciones y medidas del Plan Anual que se desarrollen en los servicios públicos de empleo:
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Reducir la tasa de desempleo juvenil
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Mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro
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Apoyar a los emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibilitar el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo
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Acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados
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Desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a las personas con discapacidad
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Lucha contra el fraude
En el Plan se tendrán en cuenta también las acciones dirigidas a la formación de ocupados y la modernización de los servicios públicos de empleo.
En el ámbito laboral las competencias en materia de políticas activas son compartidas por la Administración General del Estado, que tiene la competencia normativa, por las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias de ejecución.
De esta forma, del total de los 5.807 millones de euros, inicialmente previstos para financiar iniciativas y medidas de formación y de fomento del empleo, 1.454 millones de euros se gestionan por las Comunidades Autónomas.
De éstos últimos, 1.390 millones de euros se distribuyen entre las Comunidades Autónomas de acuerdo a los criterios aprobados en la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales, que como órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas está formado por representantes de ambas administraciones.
La cuantía objeto de distribución de acuerdo a criterios aprobados en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se desglosa entre 72 millones de euros para financiar la contratación de promotores y orientadores como refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas y 1.318 millones de euros para financiar las restantes acciones y medidas de políticas activas de empleo incluidas en el Plan de Política de Empleo del ejercicio 2012.
Ante la actual situación de crisis económica-financiera es esencial mejorar la coordinación entre las distintas administraciones que llevan a cabo acciones y medidas de políticas activas de empleo, con el fin de lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
El total de fondos, cuya distribución aprobó el viernes también el Gobierno, se reparte en cuatro bloques de medidas. Por un lado, a la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a trabajadores ocupados y a desempleados, así como a oportunidades de empleo y formación. Para el desarrollo de actuaciones en este ámbito se destinan 966,5 millones de euros.
Un segundo bloque está dirigido a medidas de fomento del empleo que incluyen orientación profesional, oportunidades de empleo y fomento de la contratación, acciones para colectivos con especiales dificultades, fomento de la igualdad de oportunidades, autoempleo y creación de empresas con medidas para impulsar la economía social, entre otras. La cantidad dedicada a impulsar este tipo de actuaciones es de 318,2 millones de euros.
El tercer bloque de iniciativas está dirigido a la modernización de los servicios públicos de empleo, al que se destinan 30 millones de euros. La cuantía para el cuarto y último, cuya finalidad es favorecer la flexibilidad, es de 4 millones de euros.
