El pasado 14 de julio, se publicó en el BOE el Decreto ley (RDL) que incluye un paquete de medidas vinculadas al empleo y la Seguridad Social que entró en vigor el 15 de julio y que son de interés directo para las empresas, dada la inmediatez de su ejecución y aplicación. Entre estas medidas, COEBA considera que la más relevante es la eliminación del derecho a la aplicación de bonificaciones a la contratación a partir del mes de agosto.
La medida fue aprobada justo antes de vacaciones con tal discreción que muchos asesores fiscales y las PYMES no son conscientes de las consecuencias hasta la vuelta de las vacaciones. Las organizaciones empresariales tenemos muchas empresas asociadas que denuncian incrementos de costes salariales de hasta un 14 % más, que, obviamente, no tienen contemplado en sus previsiones y que les obligará a replantear sus acciones a partir de este mes de septiembre, porque muchas de ellas no podrán asumir estos incrementos..
Desde COEBA, siempre nos hemos manifestado contrarios a subvencionar la contratación y apostar por una rebaja considerable en las cotizaciones a la Seguridad Social. Consideramos que subvencionar la contratación no es una herramienta de generación de empleo estructural, no obstante, consideramos que el Gobierno no puede ir vulnerando las expectativas generadas entre las empresas que hace tiempo tomaron la decisión de contratar con unas condiciones y ahora, deberán asumir un sobre coste no previsto cuando tomaron dicha decisión.
Esta medida puede comportar un incremento del paro como consecuencia del aumento de los costes laborales pero también afectará, especialmente, a la contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral tales como las personas mayores de 45 años. Y, por tanto, puede contribuir a la economía sumergida. Desde COEBA, se prevé que la medida no cubrirá la recaudación esperada por el Gobierno sino que hará bajar los ingresos por cotizaciones sociales y aumentara el gasto en protección social dado el incremento del desempleo.
Si, por ejemplo, tomamos los contratos con bonificación para mayores de 45 años, que es uno de los tipos más usados por las empresas, y que son un total de 482.701 en España y aplicamos la eliminación de las bonificaciones por el tiempo medio de este tipo de contrato, el resultado es que las empresas españolas deberán asumir un sobre coste de 17.377.236.000 de euros de coste en los próximos diez años.
De esta maneral, las microempresas, las PYMES y autónomos serán las empresas que más acusaran la aplicación de este Real Decreto - Ley. La variación puede oscilar entre 300 y 400 €/mensuales más por persona bonificada. Un sobre coste muy grande para una microempresa dado el contexto económico en el que estamos inmersos. De hecho, las microempresas y las pymes son las más afectadas por esta decisión ya que estas suponen la mayor parte de creación de ocupación y en los últimos años han sido las que han disfrutado de los programas de fomento de empleo.
Las modificaciones normativas en determinados aspectos laborales, los cambios de decisión en periodos cortos de aplicación, además de provocar la pérdida de credibilidad entre el sector empresarial está generando situaciones de inseguridad jurídica a las empresas que es lo que menos necesitan en estos momentos. Las empresas usuarias de estas bonificaciones decidieron contratar con unas condiciones, en base a unos cálculos de gasto y de inversión realizados a partir de estas condiciones iniciales. Si ahora, el Gobierno decide cambiar las condiciones, las que salen perjudicadas son las empresas, una vez más, y las personas ocupadas. El Gobierno ha reducido la inversión en políticas activas de empleo comprometiéndose a impulsar las ayudas directas a las empresas, hasta ahora, han reducido considerablemente el presupuesto para las políticas de ocupación y acaban de eliminar las ayudas directas.
Desde la organización empresarial, se ha pedido al Gobierno que la aplicación del RDL permita mantener las bonificaciones existentes a las empresas y, en todo caso, hacer efectivo el decreto para los casos de nuevas contrataciones.
La situación empresarial y laboral del país no mejora. En un país donde la actividad económica está estancada, no se pueden crear puestos de trabajo por muchas reformas laborales que se aprueben. Y el Gobierno continúa apostando por medidas de reducción de déficit pero no promueve medidas para incentivar la actividad empresarial, principal generadora de ocupación y riqueza. Además, el Gobierno ha parado sine die una las propuestas donde el sector empresarial tenía puesta muchas esperanzas, la Ley del Emprendedor.
El paquete de bonificaciones más relevantes que exclusivamente se mantendrán son las siguientes:
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Bonificaciones aprobadas en la última “reforma laboral 2012”.
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Bonificaciones vinculadas a los contratos concertados con discapacitados.
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Bonificaciones vinculadas a los contratos concertados con personas víctimas de la violencia de genero.
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Bonificaciones vinculadas a los contratos de interinidad por substitución de maternidades y situaciones análogas.
