La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha permitido aflorar 61.244 empleos sumergidos desde enero, un 19,23 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.
Fátima Báñez informó de estos resultados en el transcurso del debate de totalidad del proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se celebró ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha destacado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado hasta el 17 de octubre 171.944 inspecciones en materia de empleo irregular.
En este marco, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado 16.024 actuaciones en materia de prestaciones por desempleo que han permitido detectar 5.008 infracciones de empresarios, frente a 3.642 en el mismo período del año anterior, un 37,5% más.
Fruto de la actuación inspectora se ha detectado también a 7.375 trabajadores que o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o las han obtenido fraudulentamente, lo que supone un incremento del 50% respecto al año anterior.
En la lucha contra las empresas ficticias se han realizado 15.371 inspecciones, frente a 8.274 en el mismo período del año anterior. Este incremento en el número de actuaciones ha permitido detectar 1.123 infracciones, frente a las 208 de los nueve primeros meses de 2011, lo que representa un incremento del 540%.
También se anularon 19.007 altas ficticias -contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones-, un 74% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).
El Gobierno aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de este año el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el período 2012-2013. El objetivo es asegurar mediante la eficacia y la eficiencia en la gestión de ingresos y gastos públicos, el mantenimiento de las políticas de bienestar, y, también, exigir por justicia que quien tiene derechos cumpla también sus obligaciones en el ámbito socio-laboral.
“El objetivo último no es otro que preservar los derechos laborales y sociales reconocidos en nuestra Constitución y en las leyes, y que constituyen la esencia de nuestro Estado del Bienestar”, ha recalcado Báñez.
En la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, el Gobierno ha adoptado “medidas inminentes y de choque” para adecuar la estructura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la lucha contra el fraude, dedicando el máximo de sus efectivos a este fin y dotando a sus direcciones territoriales de nuevas competencias en esta materia.
En este sentido, Báñez anunció que este año se incorporarán 121 efectivos al Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 69 nuevos inspectores y 52 subinspectores, que se dedicarán a la lucha contra el fraude.
De esta forma, se han adoptado medidas estructurales, intensificando la planificación y ejecución de campañas de economía irregular en sectores estratégicos. Y, como uno de los pilares principales en la lucha contra el fraude se han adoptado medidas de colaboración entre las distintas administraciones públicas para el tratamiento integral en la lucha contra el fraude, explicó.
En su intervención, la titular de Empleo y Seguridad Social reconoció la labor profesional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el resto de cuerpos de funcionarios que colaboran en la lucha contra el fraude por los resultados obtenidos y pidió firmeza con quienes no cumplen las obligaciones legales que “afectan tan negativamente la convivencia social”.
