El nuevo Reglamento garantizaría a las empresas europeas unas oportunidades de acceso al mercado global similares a las que Europa ofrece a sus competidores. Se da la paradoja de que, mientras que la mayoría de los contratos otorgados por las autoridades públicas de la UE están abiertos a empresas de todo el mundo, las empresas europeas solo pueden ofertar el suministro de bienes o servicios en determinados países. Esta situación es injusta y la Comisión Europea espera poder cambiarla con un nuevo Reglamento de contratación pública.
La contratación pública de bienes y servicios es una actividad que mueve cada año en todo el mundo cerca de 1 billón de euros. Solo en la UE, los contratistas tuvieron acceso a unos 420.000 millones de euros en 2010. El 84% de esa cifra podía ir a parar a empresas de cualquier lugar del mundo, ya que los sectores de los servicios públicos y la defensa son los únicos con restricciones en cuanto al país de procedencia de las ofertas. El contraste con EE.UU. es muy marcado: las empresas extranjeras solo pueden tratar de obtener el 32% de los 556.250 millones de euros disponibles en ese país. En Japón, el porcentaje es aún menor (28%).
La Comisión propone que, en los contratos por un importe superior a 5 millones de euros, los poderes adjudicadores tengan la posibilidad de excluir a los licitadores de países no pertenecientes a la UE, siempre que una parte considerable de los bienes o servicios de que se trate no sea objeto de acuerdos internacionales.Las restricciones afectan a sectores en los que la UE es muy competitiva, como la construcción, el transporte público, los dispositivos médicos, la generación de energía y los productos farmacéuticos.
Los poderes adjudicadores que deseen actuar en ese sentido deberán comunicárselo a la Comisión Europea, que dispondrá de dos meses para decidir si la decisión está justificada. El principal elemento de juicio será el grado de apertura de la contratación pública del país en cuestión para las empresas de la UE.
Cuando un país mantenga una discriminación sostenida contra los proveedores europeos, la Comisión tratará de encontrar una solución negociada. Si fracasa, podrá limitar el acceso de las empresas de ese país a los mercados de la UE, por ejemplo imponiendo restricciones en sectores concretos o penalizando los precios de las ofertas no originarias de la UE.
Ante la disminución de la actividad económica, diversos países han adoptado medidas proteccionistas en detrimento de las empresas europeas. El Reglamento propuesto crearía unas condiciones más equitativas, aumentando las oportunidades comerciales para las empresas europeas dentro y fuera de la UE. Además, favorecería la participación de las pequeñas empresas europeas en las licitaciones exteriores y generaría empleo dentro de la UE.
