El Pleno del Congreso debatirá hoy por última vez el proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización antes de que el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor de forma definitiva.
La Cámara Baja debe dar el visto bueno a las seis modificaciones que la norma ha sufrido tras su paso por el Senado, que la semana pasada debatió en sesión plenaria tanto los seis vetos presentados por la oposición como más de 400 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios.
El Grupo Popular pactó finalmente tres cambios con la oposición, de tal manera que el nuevo criterio de caja establecido para el IVA a partir del próximo 1 de enero se recoja también en el marco del régimen económico fiscal de Canarias y se pueda aplicar al Impuesto General Indirecto Canario.
Además, se modifica la Ley Concursal para rebajar del 67% al 55% el importe del pasivo titularidad de las entidades financieras suscrito por acreedores necesario para que el acuerdo de refinanciación pueda homologarse judicialmente.
El proyecto de ley también ha incorporado tres propuestas del Grupo Popular en el Senado, de tal manera que se reduce de 15 a 10 millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) a la par que se les exige unos recursos propios computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo con la definición que fije el Banco de España.
De este modo, argumenta el partido que da sustento al Gobierno, se busca "conjugar un incremento del capital social elevado con un incremento de los recursos propios computables", de tal manera que la solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa "global". Tras pactar con la oposición, se ha ampliado también de seis a nueve meses el plazo para la entrada en vigor de esta medida a partir de la publicación en el BOE del proyecto.
Finalmente, se ha precisado que la exención en el pago de aranceles a cualquier operación registral que paguen las administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto. "La sostenibilidad actual de los registros aconseja no adoptar medidas aisladas que puedan generar disfunciones en el mantenimiento económico de las oficinas y del servicio público registral", explican.
