El DOE publicó ayer la instrucción sobre la incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de contratación pública sostenible en la contratación de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público. La CREEX ya mostró su satisfacción por esta decisión, ya que es un aspecto que lleva demandando desde hace años para ayudar a las pymes y a las micropymes a participar en los procesos de contratación pública en la región.
Una de las especificaciones que incluye la instrucción es la ponderación equilibrada de criterios más allá del precio, que era una de las principales reivindicaciones de la patronal. “La propia Administración ha entendido que el criterio “precio” no ha beneficiado el interés general y sí ha perjudicado al ciclo económico” según ha puntualizado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, esencial para potenciar el desarrollo de la actividad económica y con ella del empleo, es el objetivo plasmado en el “Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos” (Comisión 25-06-2008).
Los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para las administraciones públicas desde un punto de vista meramente economicista, sino que, a través de ésta, los poderes públicos intervienen en la vida económica y social del país.
La importancia de la contratación pública, tanto desde un punto de vista cuantitativo, ya que supone actualmente alrededor del 16 % del P.I.B. español, como cualitativo, puesto que a través de la misma se llevan a cabo las principales obras, servicios y suministros del país, la convierte en un instrumento fundamental para poder orientar la política económica.
El objetivo de esta instrucción es el establecimiento de unas directrices de política general para el impulso de la sostenibilidad y de la participación de las pymes en la contratación pública autonómica, así como fijar unas pautas comunes para la incorporación de cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas a otras políticas públicas en las diferentes fases de los procedimientos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.
La contratación pública sostenible implica la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos y fases de la contratación pública. Su contenido aúna diferentes concepciones de la contratación pública responsable como son la compra ética, la compra verde o la compra social, puesto que recoge sus características, fundamentos y objetivos.
La sostenibilidad económica supone buscar la mayor rentabilidad de las inversiones en bienes y servicios que se contratan: adquirir productos, ejecutar obras y prestar servicios públicos con el menor coste posible no solo en el momento de la adquisición sino también a lo largo de toda la vida útil de las prestaciones o bienes contratados.
Acceso DOE http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
