“Desde 1978, se han producido 1.994 acuerdos de traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas”, según un informe realizado por el Servicio de Estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, organización a la que pertenece la CREEX, y que fue presentado ayer por el presidente de la Confederación, Juan Rosell y el director del citado departamento, Bernardo Aguilera.
Según este exhaustivo estudio, el empleo en las Administraciones Autonómicas mantuvo una tendencia creciente desde 1997 hasta 2011, lo que sorprende si se tiene en cuenta que desde el año 2000 las transferencias de materias se han moderado notablemente. En este sentido, el informe recoge que la evolución del proceso de transferencias, aunque ha sido muy desigual en el tiempo, se concentra, sobre todo, a mediados de la década de los años ochenta y mediados de los noventa. Cataluña es la comunidad con más acuerdos de transferencia, 189; seguida por Andalucía, 155 y por Galicia, 154.
Juan Rosell destacó que, aunque se transfiera una competencia a las CC.AA., el Estado conserva la responsabilidad exclusiva en determinadas funciones. Esto hace que se mantenga una plantilla de personal ocupado, siendo importante que esta plantilla no esté sobredimensionada y que se eviten duplicidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado contaba en julio de 2015 con 531.324 empleados que suponen el 20,9% del total de las Administraciones Públicas. Un porcentaje del 22,7% es el que suponen las Administraciones Locales en el empleo de las AA.PP. El mayor porcentaje es el de las CC.AA., con el 50,5% del empleo público, pero con la Sanidad y Educación transferidas.
En el informe se analiza el proceso de traspaso de competencias del Estado a las CC.AA. desde una perspectiva histórica y como afecta a la evolución del empleo público, tanto de la Administración Central como de la Territorial. Igualmente, hay capítulos destinados a analizar la dimensión de la Administración Central tras la transferencia de una competencia, a entrar en detalle de las principales competencias transferidas y al gasto de las CC.AA. en Educación y Sanidad.
