Contratar a perceptores o solicitantes de la renta básica concederá puntos en los concursos que convoque la Junta de Extremadura. Así se establece en las instrucciones aprobadas por el gobierno regional para la incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en las licitaciones públicas. El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, reconoce que para la patronal la posibilidad de conceder más puntos por contratar a perceptores o solicitantes de la renta básica es una medida poco interesante, ya que estima que primará la preparación del trabajador antes que su situación.
Sin embargo, la CREEX ha hecho especial hincapié en medidas como la contratación por lotes. Para Peinado, que el principal criterio de puntuación sea la reducción del precio «lo único que hace es precarizar el empleo», además de reducir los beneficios de la empresa y generar problemas como mala calidad, retrasos e incluso rescisiones que suponen un coste para la Administración. Además, recalca que estas medidas redundarán en un mayor número de contratos en la región y por tanto más empleo, actividad y retorno a las arcas regionales en forma de impuestos como IRPF e IVA.
Estas normas pretenden que la reducción de costes, reflejada en los contratos públicos con una mayor puntuación a la rebaja del precio de licitación, ceda protagonismo a otros criterios, como la generación de empleo en sectores desfavorecidos.
En este último caso, se plantea que, cuando las características del contrato lo permitan, los pliegos de cláusulas o la documentación de los procedimientos de contratación podrán incorporar un criterio de adjudicación para valorar un proyecto de inserción sociolaboral que deberán presentar las empresas. Se establece que tendrán la consideración de personas en riesgo o en situación de exclusión social las que subsisten con bajos ingresos, las que sufren privación material severa o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy bajo. Estas circunstancias se considerarán acreditadas por ser beneficiario, o solicitante con informe social favorable, de la renta básica.
Esta medida también se incluye en las condiciones de ejecución de los contratos. Para ello, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos a un 10% de personas en riesgo o situación de exclusión social, es decir, perceptores o solicitantes de renta básica.
En caso de que exista deber de subrogar (asumir una plantilla ya formada), como ocurre en sectores como la limpieza, se pedirá que la empresa cuente con trabajadores en riesgo de exclusión social en todas las contrataciones, bajas y sustituciones que lleve a cabo durante el periodo de vigencia del contrato hasta alcanzar el citado porcentaje.
La mención a los perceptores o solicitantes de renta básica es una pequeña parte de un amplio documento que en materia social también plantea cuestiones como la promoción de la igualdad (compromisos de incorporación de mujeres en puestos de responsabilidad e inclusión de medidas de conciliación de la vida laboral y personal) y la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral (jóvenes con baja cualificación y sin experiencia, desempleados de larga duración, mujeres, población inmigrante y minorías étnicas). En este apartado se incluye a personas con discapacidad, para las que se fomenta la incorporación al mercado laboral con medidas como la ampliación de los contratos reservados a centros especiales de empleo. También se aumentan las exigencias para seguridad y salud laboral y un mayor control para las subcontrataciones.
Asimismo, se dará más puntuación a empresas que tengan en cuenta criterios medioambientales, como menos generación de residuos, la eficiencia energética y la utilización de productos ecológicos, frescos y procedentes de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. También se podrá incorporar una condición especial sobre uso de alimentos de comercio justo.
Por otro lado, las instrucciones conceden un papel protagonista a la división de contratos por lotes, que será la regla general. Esto favorece el acceso a las licitaciones a pequeñas y medianas empresas, para las que también se incluyen facilidades como la reducción de la documentación a aportar y la ampliación del plazo para presentar ofertas.
