El DOE publicó el pasado 31 de diciembre la Ley 4/2012 de Medidas Financieras y Administrativas, que ayer entró en vigor y que tiene efectos sobre algunos impuestos que gestiona la administración regional y que han sido promovidos por el Gobierno de Extremadura partiendo de la coyuntura económica actual.
El objetivo que se persigue es que la política tributaria sirva como instrumento de política económica y social, ayudando a los ciudadanos en un contexto de crisis que así lo requiere.
La citada ley establece modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. También integra modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que tienen como objetivo introducir precisiones necesarias para la adecuada gestión del tributo. La norma también recoge la regulación del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Asimismo, cabe señalar los cambios que incluye Ley sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la creación de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para compensar el incremento de los gastos por la subida del IVA en el material escolar.
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