La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), organización a la que pertenece COEBA, considera que las subidas de las cotizaciones empresariales aprobadas por el Gobierno durante las últimas semanas no solamente no contribuyen a la generación de la contratación ni mejoran la empleabilidad de los trabajadores, sino que, por el contrario, puede perjudicar la recuperación de la actividad empresarial de las pymes y de los autónomos. CEPYME considera que estos incrementos de las cotizaciones responden a la necesidad de aumentar los ingresos públicos, ya que si bien no se suben los tipos de cotización, sí lo hacen las bases mínimas y máximas para la inmensa mayoría de las empresas, con especial incidencia en las pymes y los autónomos.
En concreto, los incrementos aprobados por el Gobierno son los siguientes:
1.- Sube un 2% la base mínima de cotización para los autónomos. Es decir, se pasa de los 858,60 euros de base mínima a los 875,70 euros. Esto significa que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261,83 euros.
2.- Sube un 5% la base máxima de cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 euros a los 3.597,00 euros.
3.- En cuanto a los autónomos societarios (que necesariamente deben de cotizar como tales por poseer un porcentaje significativo del capital de la empresa) y para los autónomos con más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 1.051,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 256,72 euros a 313,34 euros; es decir, un dramático incremento del 22%.
4.- También, y en general, tanto empresas como autónomos y trabajadores cotizarán desde este mes de enero por conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte, los cheques comida o determinados gastos de manutención, entre otros. Esta medida, que modifica el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene también un claro objetivo recaudatorio, con el objeto de lograr la sostenibilidad del sistema.
A estos cuatro puntos se suman, además, otras dos medidas adoptadas por el Gobierno en diciembre pasado, que también empeoran el marco legal para las pymes.
Se trata, por un lado, de la supresión de la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contratos por causas objetivas, en empresas de menos de 25 trabajadores. Esta medida, denunciada en su momento por CEPYME, elimina uno de los criterios de solidaridad impulsados por los agentes económicos y sociales, cuyo principal objetivo era colaborar con las pequeñas empresas para que pudieran adaptar sus plantillas en momentos de dificultad y siempre por causas objetivas.
Y finalmente, la injustificada desaparición de los aplazamientos en los pagos de las retenciones del IRPF de trabajadores y profesionales (Modelo 111), tan importantes en muchos momentos del ejercicio para las pymes, debido a las frecuentes tensiones de tesorería que provoca la alta morosidad, fundamentalmente del sector público. Un nuevo perjuicio que, por el momento y muy lamentablemente, oscurece el posible impacto positivo del IVA de caja.
