El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, CEPYME, Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez.
Tras analizar la situación por la que atraviesa el país se han comprometido a impulsar el diálogo social para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social.
Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la concertación y el diálogo social, esto es, la adopción de grandes pactos sociales entre fuerzas sociales, y entre éstas y los poderes públicos, debe seguir siendo una de las grandes señas de identidad de la sociedad española.
Una nueva etapa
Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la economía española ha registrado recientemente signos de cambio, aunque persiste un elevado nivel de desempleo. Un escenario que demanda actuaciones concretas para favorecer y acelerar un cambio de tendencia.
Para que efectivamente se consolide un cambio en ciclo económico y éste alcance de forma más positiva a los niveles de empleo, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es necesario abrir una nueva etapa. Una etapa que requiere impulsar, desde un renovado protagonismo del Diálogo Social, medidas destinadas a favorecer el crecimiento de la actividad, impulsar la creación de empleo y consolidar la evolución positiva de la demanda externa, favorecer el crecimiento de la actividad, impulsar la creación de empleo y reforzar la cohesión social.
A tal fin, Gobierno e interlocutores sociales se han propuesto desarrollar a lo largo de presente año un ambicioso calendario de negociaciones a desarrollar, unas en el ámbito tripartito y otras, particularmente aquellas que afectan al desarrollo de la negociación colectiva, en el ámbito bipartito.
Ámbito Tripartito
Por lo que respecta a las políticas europeas, el Gobierno y los interlocutores sociales han compartido la necesidad de combinar políticas que hagan sostenibles las cuentas públicas junto con políticas de impulso de la actividad económica y la inversión productiva que contribuyan a la generación de empleo y garanticen una protección social adecuada.
Para avanzar en ese camino en el marco de las instituciones comunitarias, gobierno e interlocutores sociales han considerado necesario reforzar la concertación permanente entre el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Parlamento, y los interlocutores sociales, en particular en la orientación de los objetivos del semestre europeo.
En relación con la política presupuestaria y fiscal, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que el sistema tributario debe ser suficiente y más justo y equitativo en la distribución de la carga fiscal, a la vez que más simple y legitimado socialmente, y capaz de reducir el déficit asegurando la financiación de los servicios públicos. El sistema debe apoyar la mejora de la competitividad, impulsar la creación de empleo y proteger a los más débiles de la sociedad. El Gobierno se ha comprometido a promover el dialogo con los agentes sociales en materia de reforma fiscal. A su vez, en el marco del diálogo social, Gobierno e interlocutores sociales consideran necesario evaluar las políticas salariales y de empleo en el sector público al objeto de abordar estrategias comunes para su evolución a futuro.
El gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO se proponen la negociación para la reforma del sistema de formación para el empleo. Sobre la base de los avances que ya se han realizado, han considerado necesario transformar el modelo de formación profesional para el empleo, adaptando el sistema a las necesidades del mercado de trabajo, favoreciendo la competencia de todos los agentes, apostando por el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y con un compromiso con la evaluación de impacto. A su vez, Gobierno e interlocutores sociales han considerado necesario actuar en el ámbito de las políticas de activación para el empleo, agilizando las transiciones al empleo, potenciando la empleabilidad de los trabajadores y contribuyendo a que la recuperación de nuestra economía se traduzca, lo antes posible, en empleo estable y de calidad. Han acordado que la participación activa de los agentes sociales resulta esencial en estos ámbitos.
El Gobierno y los interlocutores sociales han coincidido en que es prioritario reducir el elevado nivel de desempleo juvenil. Los agentes sociales han tenido un papel clave hasta la fecha, en la Estrategia de emprendimiento y empleo juvenil y en el diseño del Plan de garantía Juvenil. Por ello han acordado que dicha colaboración continúe en el marco de la implementación en España de la Garantía Juvenil Europea. A su vez, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es urgente buscar fórmulas específicas de acceso al empleo a aquellas personas que siguen desempleadas de larga duración que abandonaron sus estudios en el anterior ciclo expansivo y que hoy tienen en su mayoría cargas familiares y una baja o inadecuada cualificación, así como aquellos con especiales dificultades.
Ámbito Bipartito
Gobierno e interlocutores sociales han destacado que la negociación colectiva es el espacio natural para el desarrollo de las relaciones de trabajo que compete particularmente a la relación entre sindicatos y organizaciones empresariales.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, así como los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y CEPYME, Jesús Terciado, han informado al Gobierno de que están analizando los efectos del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con el propósito de abordar la negociación de un nuevo acuerdo general de convenios que sustituya al actual, a la finalización de la vigencia del mismo. En este marco se está analizando acompasar la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo.
Los interlocutores sociales han considerado necesario avanzar hacia un nuevo “Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva”, que, apostando por la mejora de las condiciones generales de la economía, continúe favoreciendo, de forma equilibrada, la competitividad de la misma, potenciando, a su vez, la negociación colectiva y la utilización de mecanismos de flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo. Todo ello acompañado de un escenario adecuado de control de precios. De la misma manera, Gobierno e interlocutores sociales consideran necesario realizar una evaluación conjunta del papel del SMI y su evolución a futuro.
