El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la propuesta de programación de los fondos estructurales europeos para el período 2014–2020. La cantidad, que asciende a 36.000 millones de euros, supone un ligero incremento del 1% sobre lo otorgado por Bruselas durante el período anterior, pero incluye una importante restricción: no podrán usarse, como se había hecho tradicionalmente, para financiar infraestructuras tradicionales, y deberán concentrarse en I+D o pymes, entre otros.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si bien el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se había destinado hasta la fecha a inversiones en infraestructuras, ahora se va a enfocar hacia la economía del conocimiento. Esto significa ayudas al empleo, planes medioambientales, transporte sostenible, mejorar el uso y acceso de las TIC, inversiones en educación, infraestructuras de saneamiento y depuración e inclusión social, además de la I+D y Pymes.
El plan estratégico, que debe ser refrendado por Bruselas el 22 de abril, destina 19.393 millones precisamente a través del Feder, mientras que otros 8.446 millones los aportará el Fondo Social Europeo (FSE), y otros 8.291 millones por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En las cifras anteriores se incluyen los 943 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Los fondos totales para empleo y movilidad laboral ascienden a 5.000 millones, repartidos en las dotaciones antes citadas.
Los 36.000 millones que aportará la Unión Europea hasta 2020 debe contar con una cofinanciación por parte de las Administraciones Públicas, y que rondará los 17.000 millones, según las estimaciones que hizo ayer el ministerio a raíz de los anteriores planes plurianuales. El convenio implica que las actuaciones en las Islas Canarias cuenten con un 15% de financiación española; de un 20% para las regiones más pobres como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Galicia y Ceuta y Melilla, y de un 50% en el resto de autonomías. Otra de las novedades es que esta financiación doméstica podrá ser también de carácter privado.
A pesar de todo, el Gobierno indica que algunas autonomías han decidido por ahora no participar en estas ayudas, como es el caso de Navarra y Asturias, según fuentes del ministerio, en el caso de la Iniciativa Pymes, que consta con 2.600 millones en total. El I+D tendrá 4.400 millones; los planes de reducción del uso del carbono, 3.200 millones; la promoción del transporte sostenible, otros 2.600 millones; la inversión en TIC, 2.000 millones; la Educación, 1.700 millones, y la inclusión social, 1.500 millones.
El Gobierno indica que la ayuda aumentará en este período por el plan especial que ha dotado la UE para las economías periféricas, que han sufrido más la crisis.
