La patronal CEOE, organización a la que pertenece COEBA, ha presentado al Ministerio de Empleo un documento de propuestas para minimizar el impacto en las empresas de la nueva cotización del salario en especie. Sugieren interrumpir y retrasar su aplicación, excluir lo pactado en convenio hasta que este concluya o fijar mecanismos legales que permitan valorar a la baja las retribuciones en especie.
En concreto, los técnicos de CEOE han entregado a Empleo un documento con distintas fórmulas que intentan minimizar el impacto de este cambio que el Gobierno ha cifrado en alrededor de 900 millones de euros que cotizarán de más las empresas, pero que la patronal eleva por encima de los 2.000 millones.
Entre estas fórmulas, los empresarios piden que directamente excluya a algunos sectores más afectados; que interrumpa su aplicación y lo reimplante de forma progresiva; o que saque de esta nueva obligación de cotizar a los beneficios sociales pactados en los convenios hasta que estos terminen su vigencia. Hay sectores empresariales que también proponen que esta nueva obligación de cotizar se acote en el tiempo, como se ha hecho con la subida del IRPF.
Sin embargo, tanto García Viñas como el secretario general de CEOE, José María Lacasa –que intervinieron el miércoles en un foro organizado por Baker & McKenzie y dirigido por el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel– son muy escépticos respecto a que Empleo vaya a adoptar ninguna de las propuestas citadas anteriormente.
Por ello, los responsables patronales pelean también por otras vías, que ven más factibles de conseguir en el reglamento que prepara Empleo y que desarrollará los detalles técnicos de la norma. En concreto, reclaman a Empleo que fije “mecanismos de valoración” del salario en especie que permitan valorar a la baja estas retribuciones. Así, si el valor del beneficio social en cuestión es menor, lo que cotice por ello la empresa también será una cuantía más baja.
García Viñas pone como ejemplo el sector de la educación, donde muchos convenios incluyen la gratuidad o la subvención de la asistencia escolar, el comedor o el transporte a los hijos de los empleados. ¿Qué coste se aplica a estos beneficios?; ¿el de mercado?; ¿un coste subvencionado? Ante esto, CEOE reclama los citados mecanismos de valoración, “que den seguridad jurídica”.
Miedo al IRPF
Esa inseguridad patronal va más allá, ya que los empresarios temen que en la próxima reforma fiscal, el Gobierno incluya también en la tributación por IRPF estos conceptos salariales que están exentos o limitados en este impuesto. De hecho, el País Vasco y Navarra, ya han introducido novedades fiscales en este sentido desde el pasado 1 de enero.
Aunque fuentes patronales aseguran que Empleo les ha asegurado que no se extenderá la tributación por IRPF a esos conceptos, García Viñas y Lacasa niegan este punto tajantemente. "No nos garantizan nada”, indicaron.
Fuente: Cinco Días
