CEOE y CEPYME valoran la información sobre mecanismos de financiación de las administraciones territoriales

CEOE y CEPYME, organizaciones a las que pertenece la CREEX, valoran positivamente la publicación y puesta a disposición de toda la información sobre las mecanismos de financiación de las administraciones territoriales, por entender que es una medida fundamental para el seguimiento y control de los fondos, puesto que fomenta la transparencia por parte de la Administración, cuestión que han solicitado reiteradamente ambas organizaciones.

 

En este sentido, las dos confederaciones empresariales consideran necesario continuar con el esfuerzo para erradicar los efectos tan negativos que produce el retraso en los pagos de las administraciones públicas. Por ello, junto a la efectiva aplicación del resto de medidas que se contemplan en el Plan de erradicación de la morosidad de las AA.PP, es necesario mantener en funcionamiento el sistema de financiación que provee el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como mecanismo para solucionar las  deudas y los incumplimientos en los plazos de pago que siguen produciéndose en determinadas administraciones.

CEOE y CEPYME recuerdan que el FLA, como medida de apoyo financiero para las comunidades autónomas, se ha convertido en un instrumento esencial dentro del citado Plan, objetivo que es plenamente compartido por las organizaciones empresariales.

A su juicio, tanto los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago de facturas pendientes a los proveedores, como el FLA han reducido las necesidades de financiación de las empresas, permitiéndoles destinar un mayor volumen de recursos financieros a la mejora de su competitividad. Se estima que los fondos puestos a disposición por estos dos mecanismos en 2012 y 2013 ascienden a los 43.457 millones de euros.

El FLA ha tenido un doble efecto beneficioso para las empresas proveedoras de estas administraciones. Por un lado, han permitido saldar directamente deudas comerciales por importe de 13.316 millones de euros, que han ido destinados en más de un 70% a deudas pendientes con las Pymes. Por otro, ha generado una vía importante de acceso a la financiación de las CC.AA. en condiciones preferenciales lo que ha generado un ahorro por el concepto de pago por intereses y ha permitido igualmente la aplicación de instrumentos de control y corrección del déficit de las  administraciones públicas.

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