El Gobierno publicará en un portal de Internet el nombre de las personas o entidades beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas que hayan sido concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculantes o dependientes a partir del año 2014, así como “el nombre y apellidos o la denominación o razón social” de los infractores.
La iniciativa emana de una enmienda ‘popular’ a la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que en el pleno del Senado del pasado mes de julio se concretó en dos transaccionales que fueron aprobadas tras obtener el apoyo de varios grupos parlamentarios.
El texto establece que la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) “operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones” y “servirá de medio electrónico” para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la ley de Transparencia aprobada en diciembre del pasado año.
En concreto, se recoge que la BDNS dará publicidad a estas prestaciones “con indicación de la convocatoria, beneficiario e importe concedido”. Eso sí, la publicación de subvenciones concedidas se restringe a cuando facilitar los datos del beneficiario sea “contrario al respeto y salvaguarda del honor, intimidad personal o familiar” y “a la propia imagen”.
Además, esta base de datos “podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves”, y concretamente, “se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida” así como la infracción que le sea impuesta.
Portal de la transparencia.La medida, que deberá ser aprobada de manera definitiva en el Pleno del Congreso en septiembre, tiene el objetivo de cumplir con la previsión de crear un ‘Portal de la Transparencia’ a nivel estatal -recogida en la ley de Transparencia de 2013- para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información relativa a algunos “actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.
Así pues, el Gobierno modificará la Ley General de Subvenciones del año 2003 paraincorporar diversas medidas de transparencia informativa. En el nuevo artículo 20 se establece que, entre otros organismos, la administración pública estatal, las autonómicas y locales, así como los partidos políticos y las organizaciones sindicales “estarán obligados a suministrar información” a esta base de datos.
Todo ello, a sabiendas de que las comunidades autónomas y entidades locales “podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia” recogidas en la norma que vela por la transparencia.
Publicación de cantidades.De este modo, la BDNS, que es administrada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda, “publicará en su página web” las convocatorias de subvenciones así como las concedidas.
De hecho, se establece que “las administraciones concedentes deberán remitir a la BDNS las subvenciones concedidas con indicación, según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo y finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados”.
Según se señala en el articulado, la finalidad de la BDNS es “promover la transparencia” y “mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas” así como “garantizar el derecho de los ciudadanos” a conocer dichas prestaciones públicas.
Multa de 3.000 euros.En cualquier caso, en el nuevo apartado 3 del artículo 62 de la Ley General de Presupuestos se incluirá que en el caso de que las administraciones, organismos o entidades anteriormente mencionadas no cumplan con la obligación de suministro de información a la base de datos “se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3.000 euros”. Además esta sanción “podrá reiterarse mensualmente” hasta que no se cumpla con la obligación que vela por la transparencia.
Asimismo, se recoge que el expediente sancionador este incumplimiento será iniciado por acuerdo del IGAE y la resolución será competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
