El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 58,2% en los seis primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta sumar 91.169 afectados, según informó ayer el Ministerio de Empleo en un comunicado. Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 50,4% respecto a enero-junio de 2013, hasta un total de 6.898, en tanto que los expedientes se redujeron un 1,5%, hasta 8.294 procedimientos.
Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta junio un 53,6% en tasa interanual, hasta sumar 19.535 trabajadores. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada afectaron a 51.754 trabajadores, un 59,6% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 58,4%, hasta los 19.880 trabajadores.
Del total de procedimientos registrados hasta junio, 7.719 contaban con acuerdo entre las partes, un 51,7% menos que en los seis primeros meses de 2013, mientras que 575 se efectuaron sin acuerdo, un 48,9% menos.
De los 91.169 trabajadores afectados por ERE hasta junio, seis de cada diez, 55.831 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.
Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 32.349 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 11.120 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 554 trabajadores.
Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 1.063 hasta junio, los afectados por causas organizativas totalizaron 7.540, los de producción ascendieron a 25.715 y los de fuerza mayor, a 1.020.
La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.
De los 91.169 trabajadores afectados por un ERE en el primer semestre, 27.741 proceden de empresas de 50 a 249 empleados, 15.452 forman parte de plantillas de entre 10 y 24 trabajadores, y 13.340 son de empresas de 1 a 9 trabajadores.
En las empresas de 25 a 49 trabajadores se registraron 12.977 trabajadores afectados, y en las de 1.000 a 4.999 hubo 5.706 empleados inmersos en un ERE. En las de más de 5.000 trabajadores en plantilla, los ERE registrados hasta junio afectaron a 2.797 trabajadores.
La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta junio provenían de la industria (41.571), con un descenso del 60,1% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 57,7% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 38.382. En la construcción, los afectados totalizaron 10.325 (-52,7%) y en la agricultura, 891 (-34,2%).
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta junio fueron Cataluña, con 12.467 trabajadores implicados (-60,8%); País Vasco, con 11.747 afectados (-53,4%); Madrid, con 11.151 implicados (-60,4%), y Andalucía, con 9.442 trabajadores afectados (-40%).
En todas las comunidades se registraron descensos en los trabajadores afectados por ERE durante el primer semestre. En términos relativos, las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Canarias (-74,7%), Asturias (-73%), Cantabria (-68,5%) y Murcia (-67,9%).
