El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este miércoles la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2014. Asimismo, el próximo viernes se publicará la convocatoria de subvenciones, también para este año, para financiar un programa específico de ámbito estatal para la formación de jóvenes menores de 30 años.
Entre los beneficiarios, estarán aquellos jóvenes menores de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Estas convocatorias tendrán una financiación máxima de 180,2 millones de euros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de los que 41,3 millones se dirigirán al programa de jóvenes.
En este año se amplían hasta 90,1 millones de euros (el 50% del total) los fondos abiertos a la libre concurrencia de centros y entidades de formación, que podrán acceder a estos fondos compitiendo en igualdad de condiciones.
Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo
Dotar al tejido productivo de un sistema de formación profesional resulta fundamental en el actual contexto de recuperación económica, de manera que constituya una verdadera herramienta de competitividad para las empresas y de mejora de las oportunidades de los trabajadores para el acceso, mantenimiento y retorno al empleo.
Por ello, el pasado 29 de julio, a través del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, el Gobierno y los interlocutores sociales expresaron su voluntad de transformar el sistema de formación profesional para el empleo sobre la base del diálogo social.
Según el compromiso adquirido, el nuevo modelo de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral deberá estar operativo y resultar de aplicación a todo el sistema a partir del 1 de enero de 2015.
La convocatoria de 2014 es, por tanto, la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo, aunque ya incorpora pasos importantes, como en el avance hacia la libre concurrencia entre entidades dedicadas a la formación.
Además, introduce algunas novedades como la limitación al 50 por ciento del pago anticipado de la financiación, de forma que para proceder a los restantes pagos parciales será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas, así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario de la ayuda. Con ello, se favorece la garantía de la impartición de una formación de calidad.
Por su parte, la subcontratación queda limitada al 50 por ciento, aplicable a la cuantía que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las ayudas, y no se financian a través de la presente convocatoria planes cuya ejecución haya comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas, entre otras novedades.
Con las convocatorias se publica, además, la metodología que se utilizará para la valoración de las solicitudes presentadas, avanzando con ello en la transparencia de todo el proceso.
Principios del nuevo modelo
La Ley 3/2012, de 6 de julio, ya introdujo la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participen directamente como beneficiarios de las ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficaz, así como que la distribución de recursos públicos resulte más eficiente.
Por su parte, el mencionado Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, señala tres objetivos estratégicos:
1. Garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables.
2. Contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas.
3. Eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Igualmente el Acuerdo recoge diez principios acordados en la Mesa de Diálogo Social que deben regir el nuevo modelo:
1. El ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo, la garantía y la igualdad en el acceso de los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de los mismos.
2. La anticipación a los requerimientos y cambios del modelo productivo, como vía fundamental para reforzar la calidad y eficacia de la formación.
3. La unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas.
4. La negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
5. La calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión, así como el compromiso de todos los agentes implicados con el objetivo de dotar de prestigio y reconocimiento al sistema de formación profesional para el empleo.
6. La estabilidad, seguridad y certidumbre que permita la planificación estratégica y promueva la inversión en recursos formativos.
7. La articulación del sistema a través de la coordinación y la cooperación interadministrativa en el marco de la competencia normativa del Estado que permita flexibilidad y la optimización de los recursos destinados al sistema.
8. El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores, con la participación de la representación legal de los trabajadores, como vía ágil y flexible de responder a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y trabajadores.
9. El refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, la evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el compromiso con la mejora continua.
10. Acceso a una financiación suficiente, estable y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el carácter finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa de las distintas Administraciones públicas.
Conforme a estos 10 principios y para dar cumplimiento a los objetivos señalados, el Gobierno y los interlocutores sociales se comprometieron a la firma de los V Acuerdos de Formación Profesional para el Empleo y a realizar las modificaciones normativas que permitan la evolución del sistema y su adecuación a las necesidades actuales.
Será un sistema adecuado a las necesidades de las empresas, ajustando las competencias de los trabajadores a las necesidades cambiantes del tejido productivo, impulsando así la competitividad empresarial y mejorando la empleabilidad de los trabajadores.
Libre concurrencia
Según se recoge en el propio preámbulo de la convocatoria publicada ayer, con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos necesarios para su impartición según la normativa vigente, sin perjuicio de que se faciliten acciones formativas dirigidas a cualificar a los interlocutores sociales ante una negociación colectiva cada vez más especializada y compleja. En esta línea ya avanza la presente convocatoria, situando ese porcentaje en el 50%.
Por su parte, el modelo debe tratar de superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por la tramitación administrativa. Por eso, se introducirá la posibilidad de instrumentar el cheque-formación para trabajadores desempleados y se impulsará, de forma definitiva, la teleformación.
Además, el nuevo modelo debe desarrollar un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre la formación profesional para el empleo que se lleva a cabo, tanto a nivel estatal, como autonómico.
Este sistema permitirá desarrollar una cuenta formación que acompañe al trabajador a lo largo de su carrera profesional como herramienta clave para su empleabilidad; y favorecerá, además, la capacidad de analizar la actividad formativa, de evaluar su calidad y su impacto real sobre la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad empresarial.
Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya la prohibición para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración Pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad, entre otras medidas.
Se tratará, por tanto, de un nuevo modelo que, tras proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales, impulsará la calidad y la eficacia de la formación para el empleo, con instrumentos novedosos que aumentan su alcance y su adecuación a los requerimientos del tejido productivo. Un modelo en el que se avance hacia un uso más eficiente de los recursos públicos y que se encuentre sometido a principios de concurrencia, objetividad y publicidad, transparencia en todo el sistema, rendición de cuentas y evaluación permanente.
