El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, ha presentado el número 1 de 2014 de la Revista del IEE titulada Propuestas para la reforma fiscal, poniendo de manifiesto las carencias de nuestro sistema fiscal. La reducción de los ingresos públicos ha afectado sobre todo a los impuestos indirectos, aunque los directos también recaudan menos que la media europea. Solamente las cotizaciones sociales superan dicha media.
Al comienzo de la actual legislatura, los impuestos al consumo eran los menores de todos los países de la UE, pero esta diferencia tributaria respecto del resto de los países no sucede en los tipos del IVA, del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, que incluso en algunos casos superan a los europeos, pero la complejidad de nuestro sistema tributario recorta considerablemente la recaudación generando distorsiones en los objetivos económicos y sociales que se persiguen. El sistema fiscal actual ha agotado la capacidad de generar ingresos a través de subidas impositivas, ya que, de producirse, afectarían a la actividad económica, de ahí que sea de suma importancia apuntalar la recuperación sin constreñirla con mayores cargas tributarias. Gracias al esfuerzo de los españoles para cumplir con el compromiso de la consolidación fiscal en plena recesión, ya se puede hablar de confianza de los mercados en España y de mejores condiciones financieras. Esto ha hecho que las previsiones macroeconómicas para 2014 y 2015 señalen que crecerá nuestro PIB y que se creará empleo, lo que permitirá una bajada de los impuestos, medida muy importante para afianzar nuestra economía.
Hace un año el Gobierno encomendó a una Comisión presidida por Manuel Lagares el estudio de una reforma del sistema tributario que diese fundamento a las medidas que el Ejecutivo proponga a las Cortes, con el fin de afianzar las actuales perspectivas favorables de crecimiento de la economía española y de creación de empleo. Siempre se ha tenido presente el proceso de consolidación fiscal y las condiciones necesarias para garantizar los compromisos adquiridos con la UE en la senda de reducción del déficit público en los próximos años, que es un objetivo fundamental para que la economía española gane confianza. De este modo, el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal incluye un conjunto de medidas que rebajan los impuestos para los contribuyentes, sobre todo para las rentas medias y bajas, simplifican y modernizan los principales tributos para favorecer el ahorro y la inversión e impulsan la competitividad de las empresas. A grandes rasgos, la reforma fiscal del Gobierno significará que 20 millones de contribuyentes dispongan de más renta desde enero; el 72% de los contribuyentes, con rentas medias y bajas, se beneficien de una rebaja fiscal media del 23,5%; y se simplificarán los impuestos, se rebajarán retenciones y se impulsará la competitividad de las empresas con nuevos incentivos.
Dado el debate suscitado por la Reforma Fiscal, el IEE ha querido contribuir al mismo encargando, a una serie de expertos, propuestas para la reforma. El actual IRPF cuenta con grandes carencias que afectan a su capacidad recaudatoria, a la eficiencia económica y al reparto equitativo de la carga tributaria; carencias que podrían evitarse o atenuarse en esta reforma tributaria con un decálogo de propuestas que comienza con la ampliación de la definición de las bases imponibles y con la reducción hasta el mínimo de las deducciones, bonificaciones y desgravaciones.
Teniendo en cuenta el comportamiento cíclico que tiene la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, sería fundamental aplicar medidas que cooperen en el logro de una mayor productividad y que impulsen el crecimiento económico. Para ello será necesario utilizar el impuesto como palanca que incentive la inversión empresarial, la innovación y la asunción de riesgos empresariales, con impuestos que minimicen las distorsiones sobre las decisiones estratégicas de naturaleza empresarial. Las políticas de ampliación de bases, con una reducción temporal de tipos en función del acercamiento a los objetivos de déficit público programados, son las más adecuadas en el contexto actual de crisis en el que nos movemos.
Son varios los factores que caracterizan la complejidad de nuestro sistema tributario, destacando entre ellos una creatividad normativa digna de mención, unida a la poca estabilidad en las normas tributarias, lo que provoca que los contribuyentes se encuentren con una gran inseguridad ante la aplicación de la norma llevando a innumerables conflictos tributarios entre Administración y administrados que restan competitividad a nuestra economía.
Nuestro país, en la parte del fraude que se encuentra ligado al desenvolvimiento de la economía sumergida, presenta unas intolerables cifras frente a la gran mayoría de los países de la Unión Europea. La estrategia que se ha seguido hasta ahora ha basculado en torno a la represión en sus más variadas fórmulas pero de resultado dudoso. La solución de este problema requiere explorar unas bases distintas en las relaciones entre Administración y administrados, que deben afianzarse en la denominada relación cooperativa, también entre Administración y ciudadanos, aun habiéndose reorientado hacia el concepto de “cumplimiento cooperativo”. La cooperación conlleva una evaluación del llamado “marco de control fiscal”, o lo que es igual, de la voluntad del contribuyente de garantizar su apertura y transparencia hacia la Administración.
