El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de la Ley Agraria de Extremadura tras obtener el visto bueno del Consejo Consultivo, y a partir de ahora iniciará el trámite parlamentario para su aprobación definitiva.
La nueva normativa tiene por objetivos blindar por ley el presupuesto destinada al sector agroindustrial (un 25% de las cuentas autonómicas será para la agroindustria) y desarrollar un campo más moderno, competitivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI; es decir, desarrollar Agrotech para posicionar en el mundo a Extremadura como una región especializada en el desarrollo de productos, bienes y servicios profesionales destinados al medio rural.
En 2015, la Consejería de Agricultura ya aglutina el 22,1% del presupuesto autonómico, con casi 1.200 millones de euros; y se alcanzará ese 25% con partidas transversales de otras áreas del Gobierno. Una inversión histórica en la región destinada al campo.
Esa nueva ley deroga más de una veintena de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; algunas de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea. Y lo hace respetando las competencias establecidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Extremadura; y en las normas que establece el Estado y la UE.
Con esta normativa, que contempla también las elecciones al campo, se pretende fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria de calidad; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación; proteger el suelo agrario; y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria
