El precio por debajo de coste al que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el SEPAD han lanzado el concurso público “Servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, por lotes” provoca que al menos 60 plazas se queden desiertas.
Tras la publicación el día 16 de noviembre de la licitación del “Servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, por lotes”, y tras haber analizado los costes de este tipo de plazas dentro de las residencias teniendo en cuenta los requisitos mínimos solicitados, ASOREX manifestó al SEPAD su gran preocupación por el posible sistema de adjudicación de plazas “a subasta”, de tal manera que el precio sea lo prioritario en el concurso, y no valorando la calidad de la prestación del servicio. Este hecho llevó a la asociación a encargar la realización de un estudio económico a auditores independientes que analizase los costes que tendría el servicio para los adjudicatarios, atendiendo estrictamente a los requisitos de recursos humanos necesarios para prestar el servicio licitado, y sin tener en cuenta otros costes indispensables, como manutención, climatización o limpieza.
Tras la realización del informe económico, detectamos que los costes del personal directo mínimo exigido eran de 43,02 €/día, mientras que el precio máximo de licitación es de 38,84 €/día, lo que hace completamente inviable realizar el servicio sin incurrir en pérdidas económicas. Este hecho ha provocado, entre otras cosas, que muchas de las plazas licitadas se queden desiertas, en concreto 60 de ellas.
En vista de todo lo anterior, ASOREX procedió a interponer recurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura, quien ejerce las funciones de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura, quien lo inadmitió a trámite sin siquiera entrar al fondo de la cuestión.
Según los datos facilitados al diario HOY el pasado 06 de noviembre por Dña. Consolación Serrano, Dra. Gerente del SEPAD, 1.438 ancianos esperaban plaza en una residencia pública, cifra que a día de hoy no ha sufrido grandes cambios. Según ese artículo, el coste para los ciudadanos de una plaza en residencia pública oscila entre los 70 y los 40 €/día, según el grado de dependencia de la persona. Sin embargo, el precio máximo de licitación en el último concurso para personas con dependencia se fija en 38,84 € por día, lo que hace inviable la prestación del servicio con los requisitos y garantías necesarias, y sin caer en sustanciales pérdidas económicas.
Por tanto, desde ASOREX, en nuestra labor de velar por las mejores prácticas en el sector y la máxima calidad asistencial para nuestros mayores, queremos denunciar públicamente y mostrar nuestra indignación por unas políticas públicas que hacen en la realidad lo contrario que manifiestan en sus declaraciones políticas. Este tipo de licitaciones “a subasta” y por debajo del coste de prestación del servicio imposibilitan la evolución del sector hacia una atención de mayor calidad, provocan despidos de personal y bajadas de salarios, siendo siempre la empresa privada la que carga con las culpas públicamente.
Desde la Asociación vamos a trabajar para velar por el correcto cumplimiento de estos contratos, poniendo de manifiesto que, a priori, ya es insostenible la prestación del servicio, por lo que vamos a estar vigilantes, denunciando a todas aquellas empresas y entidades que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos, con la única finalidad de terminar con las bajadas de salarios, la deficiente prestación del servicio, y la competencia desleal en un sector que necesita una regulación que garantice una prestación de servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y dependientes.
La Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas (ASOREX) se creó en 2015 como una agrupación con carácter privado y sin ánimo de lucro que alberga centros privados de atención a mayores y dependientes de toda la geografía extremeña.
Persigue la defensa y promoción del sector con el objetivo de promover y potenciar la participación con el resto de agentes sociales y económicos, así como con la Administración Pública en el desarrollo de los servicios residenciales.
Su actividad fundamental gira en torno a la pretensión de establecer criterios básicos y principios de concertación de servicios para las entidades, que teniendo en cuenta los costes reales y la estabilidad y calidad en el empleo, garantice los niveles óptimos de los servicios prestados.
