El vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, mantuvieron la semana pasada una reunión con el alto consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia de Colombia, Rafael Pardo, para analizar las oportunidades de negocio, tras el conflicto, para las empresas españolas con intereses en la zona.
El vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, mantuvo hoy una reunión con el alto consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia de Colombia, Rafael Pardo, para analizar las oportunidades de negocio, tras el conflicto, para las empresas españolas con intereses en la zona. Acompañaron al Consejero el embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski y el director de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, Sergio Londoño. Por parte española, se contó con la presencia de los representantes de las principales empresas españolas en sectores punteros del país.
Juan Pablo Lázaro ha destacado la fuerte presencia de empresas españolas en el país latinoamericano, con un stock de inversión directa de 4.762 millones de euros. Recordó el gran interés que han mostrado los empresarios en el proceso de negociaciones y en la firma del Acuerdo de Paz, ya que ha contribuido a consolidar las instituciones democráticas y ha permitido el pleno desarrollo del potencial social y económico gracias a la clase media emergente, al crecimiento económico y a su pertenencia a la Alianza del Pacífico. Lázaro informó de que, desde el inicio de las negociaciones, el número de empresas españolas establecidas en Colombia se ha duplicado hasta alcanzar las 450.
Marco Asociación País (MAP)
El vicepresidente de CEOE explicó que España ha sido uno de los mayores defensores e impulsores del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la paz en Colombia, así como del paquete de préstamos del Banco Europeo de Inversiones de 450 millones de euros, para impulsar el desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto. Asimismo, resaltó el esfuerzo realizado entre ambos países por estrechar las relaciones bilaterales con la firma en 2015 del nuevo Marco Asociación País (MAP) para el período 2015-2019. “Los principales objetivos de este acuerdo se centraron en consolidar el proceso democrático y el Estado de Derecho, en promover las oportunidades económicas para los más pobres, impulsar la cohesión social, sobre todo en lo referente al agua y al saneamiento, y promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
El MAP fue dotado de 50 millones de euros, con la posibilidad de otorgar préstamos reembolsables hasta alcanzar los 225 millones a través del FONPRODE, además de los 80 millones del anterior MAP, todavía en proceso de ejecución. “Este acuerdo es un reflejo del firme compromiso de nuestro país con el futuro de Colombia. Por último, Lázaro destacó la plena disposición de CEOE para colaborar estrechamente con la patronal colombiana ANDI en el desarrollo económico y social del país.
Plan de desarrollo
El alto consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia de Colombia, Rafael Pardo, señaló que tras el Acuerdo de Paz el gobierno de Juan Manuel Santos está haciendo un gran esfuerzo para potenciar el desarrollo económico y transformar el país. Muestra de ello es el plan de desarrollo “ZOMAC” que se ha puesto en marcha y que se ejecutará durante los próximos quince años, para mejorar las zonas rurales más afectadas tras el conflicto. Los objetivos consisten en otorgar una mayor seguridad jurídica a la propiedad de la tierra, en ofrecer una cobertura de seguridad social adecuada a las personas que viven en las zonas rurales y en construir y mejorar las carreteras en dichas zonas para facilitar el acceso de la población.
Asimismo, mencionó la iniciativa por parte del gobierno colombiano de establecer un programa de sustitución voluntaria de cultivos de la hoja de coca, mediante incentivos económicos que permitan al agricultor cultivar otro tipo de productos. Además, en 350 municipios de Colombia, el gobierno de Santos prevé reducir los impuestos tanto a las grandes empresas (reducción del 50% los 5 primeros años y 25% los 5 siguientes) como a las pymes (0% de tributación los 5 primeros años y 50% los 5 siguientes) nacionales y extranjeras, con el fin de potenciar el sector privado y la participación de empresas que quieran establecerse en zonas afectadas por el conflicto, con el fin de generar empleo, promover el crecimiento económico y reducir la brecha existente entre el campo y la ciudad. En este sentido, el gobierno colombiano ofrece también la posibilidad de acogerse a “los impuestos por obras”, que permiten que una empresa pague la mitad de impuestos a cambio de desarrollar proyectos de infraestructuras en las zonas rurales afectadas por el conflicto.
