La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la recuperación de la economía española es sólida, gracias al conjunto de reformas estructurales adoptadas por el Gobierno. Así lo recoge en el informe Economic Review-2017 Spain que han presentado en Madrid el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.
Los pronósticos de la OCDE para España mejoran para 2017 en relación a los del otoño pasado. La economía crecerá el 2,5% (dos décimas más) y la tasa de paro bajará al 17,5% (dos décimas menos), en línea con las previsiones del Gobierno.
La OCDE considera que la recuperación española es una de las más sólidas debido al amplio rango de reformas estructurales llevadas a cabo, al saneamiento del sistema financiero y a la política fiscal. Apunta otros factores impulsores del crecimiento comunes al resto de países como son la política monetaria expansiva, los bajos precios del petróleo y la depreciación del euro.
El riesgo interno para España se centra en la dificultad de proseguir las reformas al no contar el Gobierno con mayoría suficiente. Del exterior, las incertidumbres vendrían de posibles turbulencias en los mercados financieros, la ralentización del crecimiento mundial, guerras comerciales, un Brexit desordenado y un deterioro del sistema bancario europeo.
En este sentido, la OCDE subraya que el sistema bancario español cumple holgadamente con los requerimientos regulatorios de solvencia. Reconoce que la reforma bancaria ayudó a estabilizar el sector financiero y contribuyó a un aumento del crédito gracias a que mejoró el acceso de las entidades a los mercados. Ahora el sector es significativamente más fuerte, subraya el informe. Más allá de las medidas adoptadas para restaurar la estabilidad financiera de las entidades, se ha reforzado la regulación y supervisión del sector.
En cuanto a la política fiscal, la OCDE considera que España ha realizado un esfuerzo considerable de reducción del déficit público desde 2012 e insiste en la necesidad de cumplir los objetivos para reducir el elevado nivel de deuda pública. Además de un nuevo programa de reforma de la Administración pública, la organización considera que las reformas del sistema de pensiones ya adoptadas han reducido los riesgos de sostenibilidad del sistema, pero cree que son necesarias medidas adicionales. En cuanto al sistema impositivo, la OCDE apoya las medidas recientes en relación a los impuestos especiales y recomienda vigilar el impacto en las grandes empresas de la reciente reforma del impuesto de sociedades.
Respecto del mercado de trabajo, la OCDE señala el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y la tasa de pobreza durante la crisis como una consecuencia, sobre todo, del elevado desempleo. Indica que la tasa de pobreza se redujo en 2014 y prevé que haya continuado la tendencia, como resultado de la mejora en las condiciones del mercado laboral. Considera que el sistema impositivo y de transferencias español contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad, aunque pide un mayor apoyo para las familias con hijos. En este sentido, la OCDE propone fortalecer los sistemas de apoyo social y las políticas activas de empleo con la idea de alcanzar los objetivos, hacer un gasto más eficiente y aumentar su digitalización.
Valora de forma muy positiva los resultados de la reforma laboral del año 2012 y subraya que ha contribuido a frenar la destrucción de empleo a partir de 2013 y a mejorar la probabilidad de que los contratos temporales, sobre todo de los jóvenes, se conviertan en fijos. La temporalidad sigue siendo, sin embargo, elevada, existen deficiencias en formación y un porcentaje mayor que la medida de la UE de empleos de baja remuneración. Al respecto considera necesario mejorar la formación profesional, sobre todo la dual y buscar una mayor convergencia entre los costes de despido de temporales y fijos.
La OCDE apunta una serie de reformas que considera necesarias para garantizar un crecimiento económico sostenible a medio plazo. Han de reducirse las barreras regulatorias que restringen la competencia (continuar implementación de Ley de Unidad de Mercado y liberalización de servicios profesionales). También, buscar una mayor eficiencia en el régimen concursal, cuyo funcionamiento ha mejorado con las reformas de 2014 y 2015, pero que podría completarse con medidas como la reducción del plazo de cinco años para la exoneración de deudas para empresas operativamente viables, pero endeudadas. Por último, la OCDE considera que hay que mejorar el sistema de apoyo a la innovación.
