Se ha presentado en la sede de la CEOE la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, un estudio que tiene por objeto trasladar a las empresas una idea clara, práctica y esquemática de nuestro sistema concursal; una herramienta didáctica para dar a conocer a empresarios y consultores los mecanismos a aplicar en los momentos más difíciles.
Durante la presentación, su autor, el ex presidente del Refor Raimon Casanellas, explicó que en este estudio se analizan las claves para intentar evitar que una empresa en dificultades, pero viable, se vea abocada a la liquidación o que, en caso de que esta sea inevitable, se haga de forma ordenada. La Guía aborda todas las fases del proceso: partiendo de la detección de la insolvencia, analiza las diferentes soluciones extra concursales que existen para alcanzar un acuerdo entre las partes, así como el concurso de acreedores y sus principales aspectos.
Gran parte de la exposición se centró en las soluciones alternativas al concurso de acreedores (acuerdos de refinanciación y mediaciones concursales). En relación con los acuerdos de refinanciación, Juan Rosell manifestó que “en los últimos años, España ha aprobado múltiples reformas; si bien no cabe duda de que algunas podrían haber sido mejorables, podemos afirmar que hoy en día España dispone de una legislación concursal moderna”. Valentín Pich fue de la misma opinión que el presidente de la patronal en cuanto a los avances conseguidos en esta materia, si bien destacó que los últimos datos del Refor ponen de manifiesto que los acuerdos de refinanciación homologados se han reducido un 4% en 2016, por lo que “se deberían introducir medidas para estimularlos, sobre todo en empresas de menor dimensión”.
En cuanto a las mediaciones concursales, se destacó el importante incremento que está teniendo esta solución extra concursal, pero se remarcó que la mayoría de las mediaciones concursales –el 96%– corresponde a personas físicas.
Los presidentes de la CEOE y del CGE creen necesario introducir medidas que hagan más atractivas para las empresas las soluciones alternativas al concurso y el concurso en sí mismo, entre las que destacaron la necesidad de limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) –tal como ha propuesto en sucesivos informes el FMI–, así como facilitar la venta de unidades productivas para mantener el tejido empresarial español.
Los intervinientes en la presentación señalaron que “hay motivos para la esperanza. Se nota una tendencia a la baja en el número de concursos, como acredita el hecho que el año 2016 hayan descendido un 17,3% frente al 2015, lo que nos lleva a pensar que hemos superado definitivamente los 9.937 concursos de acreedores que se declararon en el año 2013”, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Rosell también resaltó que “mientras que, en 2016, hubo en Francia más de 58.000 concursos, en España estos no llegaron a 5.000”. Según Pich, entre los factores que pueden influir en estas diferencias, está el hecho de que en nuestro país hay empresas que se liquidan fuera de concurso quizá “porque las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma, por lo que muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación”. “Hemos de intentar revertir esta imagen del concurso” –remarcó Pich–.
El presidente de la CEOE hizo hincapié en que “pese a las mejoras producidas en los últimos años, es necesario ofrecer a nuestras empresas una legislación concursal práctica y moderna y procurar que cuenten con toda la información posible”. Según el presidente del CGE, “un administrador concursal es un gestor de empresas, por lo que si se incluyera en la Ley concursal una definición de insolvencia más económica y empresarial, es muy posible que pudiera reducirse la duración de los concursos y evitarse muchas liquidaciones de empresas”.
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