La calidad legislativa y la Administración de Justicia tienen efectos directos en el crecimiento de un país, advierte CEOE en el documento que ha elaborado su Comisión Legal con las ‘Propuestas para mejorar la legislación y la Administración de Justicia’, y en el que asegura que uno de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones son “la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente”.
La Comisión Legal de CEOE, organización a la que pertenece la CREEX, analizó las propuestas en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles y los portavoces de los grupos parlamentarios en el transcurso de una reunión sobre “Propuestas para el fomento del Crecimiento en España: Legislación y Justicia”. En la misma también participaron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien clausuró el acto. Por parte de la Organización Empresarial participaron Valentín Pich, presidente de la Comisión Legal de CEOE; José María Campos, secretario de la Comisión Legal de esta Confederación, y Josep Sánchez Llibre, responsable de Relaciones con las Cortes.
En el documento, CEOE afirma que la hiperregulación “es un problema del que adolece España”. Para los empresarios, una legislación “abundante y, en ocasiones, poco clara y asistemática provoca distorsiones en el mercado y obstaculiza la actividad empresarial”. A este respecto, recuerda que España ocupa el lugar 32 entre las economías en las que es más fácil hacer negocios, a gran distancia de países como Reino Unido o Alemania y por debajo de la media de la OCDE. Igualmente, España ocupa el puesto 85 en cuanto a la facilidad para abrir un negocio.
Por otra parte, considera que un sistema judicial “lento e ineficaz genera retrasos en la solución de conflictos comerciales y obliga, tanto al sector empresarial como a la propia Administración, a asumir costes extraordinarios”. Por el contrario, “un sistema judicial eficiente protege al emprendedor, favorece la trasparencia en las relaciones comerciales y hace disminuir la morosidad”.
Por ello, entiende que mejorar la calidad de la legislación y adoptar medidas que agilicen el sistema judicial “deben ser prioritarios para fomentar el crecimiento económico en España”. Para alcanzar estos objetivos, CEOE propone medidas de mejora tanto a nivel legislativo como en la Administración de Justicia.
Entre las primeras figuran legislar menos y mejor, escuchar al destinatario de la regulación, un control exhaustivo de la calidad técnica de la regulación y potenciar la labor explicativa de la misma, así como una coordinación normativa entre administraciones.
En cuanto a las medidas de mejora en la Administración de Justicia, CEOE propone favorecer el acuerdo entre las partes y la mediación como fórmula de solución de disputas. En su opinión, los medios alternativos de resolución de disputas agilizan la resolución del conflicto y suponen importantes ahorros de costes para la Administración de Justicia. De ahí que defienda la realización de modificaciones legislativas que sirvan como incentivo, promover la información y la formación de los operadores y favorecer la puesta en marcha de convenios sectoriales de resolución de disputas.
Otra propuesta de la patronal se refiere a la necesidad de promover cambios para favorecer el arbitraje administrativo, por estimar que la extensión del arbitraje a áreas como el derecho administrativo y tributario “permitiría una eficiente resolución de los contenciosos con la Administración, como ocurre en países de nuestro entorno como Italia, Reino Unido o Portugal".
La mejora en la Administración de Justicia también incluye, según CEOE, adoptar medidas para agilizar procedimientos en los órdenes civil, penal y administrativo. Además, propone afrontar la digitalización de la Justica de forma decidida y homogénea en todas las comunidades autónomas, dotándole de los recursos necesarios, con el fin de optimizar recursos, facilitar la comunicación y garantizar a las empresas un acceso ágil a la Justicia. Por último, la patronal se muestra partidaria de eliminar las tasas judiciales a las personas jurídicas, “que supone un trato discriminatorio frente a las personas físicas y, además, implica un coste añadido para las empresas que sufren la morosidad y tiene un efecto limitado a la hora de reducir el alto nivel de litigiosidad”.
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