Así lo ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, a la que ha acudido para explicar los planes del Ejecutivo para dar continuidad a este plan, caducado desde el pasado 16 de agosto.
La ministra ha asegurado que su intención con este planteamiento es evitar problemas de gestión y de recursos a las administraciones autonómicas en la puesta en marcha del plan, que además tendrá una implantación durante “un tiempo muy limitado” hasta el diseño del nuevo marco de protección.
ENVÍA A LAS CCAA UN BORRADOR DE ACUERDO Y DEL DECRETO LEY
En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración.
“El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables”, ha aseverado Báñez. “Espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes”, ha dicho la ministra, que ha rechazado un cambio en las condiciones de acceso. “Sería más engorroso”.
NO HUBO ACUERDO PARA PRORROGARLO ANTES
Respecto a las razones por las que el plan no tuvo continuidad antes de caducar este mes de agosto, la ministra se ha escudado en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal en sus conversaciones con el Gobierno, y que por esta razón no se prorrogó. Todo ello a pesar de que a finales de julio había redactado un decreto ley listo para su aprobación, “pero la falta de consenso hizo que no viera a la luz”, ha dicho.
“Pese a la voluntad de acuerdo, no hubo consenso social a la renovación del Plan Prepara, que incorporaba otras mejoras”, ha aseverado la ministra, que ha citado mejoras en el contrato relevo para jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil, en los contratos en prácticas, a un nuevo “marco de calidad” para los contratos en prácticas no laborables y a la ayuda complementaria a los jóvenes de la Garantía Juvenil pactada con Ciudadanos y que correría a cargo de fondos comunitarios.
Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez ha citado la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.
FUNDIR TODOS LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN UNO SOLO
La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sistemas de protección, en los que el Gobierno, junto a los interlocutores sociales, trabajará a partir del 4 de septiembre, según ha dicho la ministra, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda (PAE, Prepara, RAI), adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional, y mejorar el índice de inserción laboral.
En este sentido, Báñez ha manifestado la intención del Gobierno de “fundir” todos los programas de asistencia para desempleados en “un gran programa de parados” para dar la cobertura a todas las circunstancias contempladas en los planes vigentes.
