La economía ha mantenido a lo largo del año la inercia de 2016 con una demanda interna sólida sostenida por el dinamismo del consumo privado y de la inversión empresarial, ambas cosas beneficiadas por los denominados vientos de cola consistentes en unas condiciones financieras favorables con tipos de interés bajos y en un petróleo contenido, aunque menos barato que un año antes. El crecimiento de la economía ha propiciado la creación de empleo casi al mismo ritmo, lo que ha ayudado al consumo de las familias, principal sostenedor de la propia actividad económica. El sector exterior (exportaciones e importaciones) ha mantenido a lo largo del año una aportación positiva al crecimiento del PIB, a lo que ha contribuido una evolución de la economía mundial mejor a la prevista. El Gobierno, que venía de una situación de interinidad durante la mayor parte de 2016, presentó los presupuestos generales del Estado de 2017 el 31 de marzo, centrados en favorecer el crecimiento económico y dejar las finanzas nacionales a las puertas de la salida del protocolo de déficit excesivo. Sin nuevas medidas de ajuste -que ya se adelantaron en 2016 ante la presión de Bruselas-, los presupuestos de este año contemplan una recaudación tributaria récord de 200.963 millones de euros, una previsión muy criticada por los grupos de la oposición por exceso de optimismo, pero que podría llegar a cumplirse dada la buena evolución de los datos de ejecución presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que será el año en el que la previsión de recaudación estará más cerca de la realidad, aunque estima que habrá una desviación de alrededor de 3.500 millones. Las cuentas incluyeron un préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social para garantizar a los pensionistas las dos pagas extraordinarias del año, para cuyo abono no son suficientes los ingresos por cotizaciones de un sistema coyunturalmente en déficit. Los presupuestos se realizaron con una previsión de crecimiento económico del 2,5%, que el Gobierno ha elevado después en tres ocasiones dada la buena marcha de la economía. En abril la subió al 2,7% en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, en julio la elevó al 3% en el nuevo cuadro macroeconómico que acompañaba al techo de gasto para 2018 y en octubre le sumó una décima más (3,1%) en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas. La previsión para el año que viene ha hecho el camino inverso, ya que aunque el Gobierno la subió en julio al 2,6%, decidió rebajarla en octubre al 2,3% ante la perspectiva de que la incertidumbre política en Cataluña llegara a afectar al conjunto de la economía española. La situación catalana ha sido además la que ha impedido al Ejecutivo presentar a tiempo los presupuestos generales del Estado para 2018, dado que su gestión de la crisis le ha restado el apoyo del PNV, en desacuerdo con la intervención estatal de Cataluña. El grupo vasco sí había apoyado antes del verano la aprobación del techo de gasto del Estado para 2018, con un importe total de 119.834 millones, un 1,3% más que en 2017. El límite de gasto iba acompañado de la promesa del Gobierno de incluir en los presupuestos medidas pactadas con Ciudadanos por importe de 8.300 millones. Entre ellas, la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y mayores deducciones para guardería, familia numerosa o dependientes a cargo, además de la rebaja del IVA del cine al 10%, el complemento salarial para jóvenes y la ampliación del permiso de paternidad. Sin embargo, la intervención de Cataluña y la convocatoria de elecciones autónomas ha dejado en suspenso la negociación presupuestaria, que no se retomará al menos hasta que eche a andar el nuevo Gobierno catalán. La única medida que no quedará aparcada a la espera de los presupuestos será la subida del 0,25% de las pensiones, el mínimo establecido por ley. La situación en Cataluña llevó al Ejecutivo a aprobar en octubre un decreto ley para agilizar el cambio de sede social a las empresas que querían cambiar de domicilio ante la crisis de confianza generada por la declaración unilateral de independencia. Así lo hicieron los grandes bancos y empresas catalanas como Caixabank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis, Colonial o Codorníu, mientras que otras como Freixenet han optado de momento por quedarse. Cerca de 3.000 empresas se han sumado a un éxodo que tuvo su momento álgido durante el mes de octubre. En el plano legislativo cabe destacar también la aprobación con amplio consenso parlamentario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que supondrá un avance en transparencia y calidad, ya que evitará ofertas temerarias, facilitará el acceso de las pymes a la licitación pública y primará criterios sociales y medioambientales en las ofertas.
El consumo y la inversión impulsan el crecimiento de la economía
La economía ha mantenido a lo largo del año la inercia de 2016 con una demanda interna sólida sostenida por el dinamismo del consumo privado y de la inversión empresarial, ambas cosas beneficiadas por los denominados vientos de cola consistentes en unas condiciones financieras favorables con tipos de interés bajos y en un petróleo contenido, aunque menos barato que un año antes. El crecimiento de la economía ha propiciado la creación de empleo casi al mismo ritmo, lo que ha ayudado al consumo de las familias, principal sostenedor de la propia actividad económica. El sector exterior (exportaciones e importaciones) ha mantenido a lo largo del año una aportación positiva al crecimiento del PIB, a lo que ha contribuido una evolución de la economía mundial mejor a la prevista. El Gobierno, que venía de una situación de interinidad durante la mayor parte de 2016, presentó los presupuestos generales del Estado de 2017 el 31 de marzo, centrados en favorecer el crecimiento económico y dejar las finanzas nacionales a las puertas de la salida del protocolo de déficit excesivo. Sin nuevas medidas de ajuste -que ya se adelantaron en 2016 ante la presión de Bruselas-, los presupuestos de este año contemplan una recaudación tributaria récord de 200.963 millones de euros, una previsión muy criticada por los grupos de la oposición por exceso de optimismo, pero que podría llegar a cumplirse dada la buena evolución de los datos de ejecución presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que será el año en el que la previsión de recaudación estará más cerca de la realidad, aunque estima que habrá una desviación de alrededor de 3.500 millones. Las cuentas incluyeron un préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social para garantizar a los pensionistas las dos pagas extraordinarias del año, para cuyo abono no son suficientes los ingresos por cotizaciones de un sistema coyunturalmente en déficit. Los presupuestos se realizaron con una previsión de crecimiento económico del 2,5%, que el Gobierno ha elevado después en tres ocasiones dada la buena marcha de la economía. En abril la subió al 2,7% en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, en julio la elevó al 3% en el nuevo cuadro macroeconómico que acompañaba al techo de gasto para 2018 y en octubre le sumó una décima más (3,1%) en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas. La previsión para el año que viene ha hecho el camino inverso, ya que aunque el Gobierno la subió en julio al 2,6%, decidió rebajarla en octubre al 2,3% ante la perspectiva de que la incertidumbre política en Cataluña llegara a afectar al conjunto de la economía española. La situación catalana ha sido además la que ha impedido al Ejecutivo presentar a tiempo los presupuestos generales del Estado para 2018, dado que su gestión de la crisis le ha restado el apoyo del PNV, en desacuerdo con la intervención estatal de Cataluña. El grupo vasco sí había apoyado antes del verano la aprobación del techo de gasto del Estado para 2018, con un importe total de 119.834 millones, un 1,3% más que en 2017. El límite de gasto iba acompañado de la promesa del Gobierno de incluir en los presupuestos medidas pactadas con Ciudadanos por importe de 8.300 millones. Entre ellas, la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y mayores deducciones para guardería, familia numerosa o dependientes a cargo, además de la rebaja del IVA del cine al 10%, el complemento salarial para jóvenes y la ampliación del permiso de paternidad. Sin embargo, la intervención de Cataluña y la convocatoria de elecciones autónomas ha dejado en suspenso la negociación presupuestaria, que no se retomará al menos hasta que eche a andar el nuevo Gobierno catalán. La única medida que no quedará aparcada a la espera de los presupuestos será la subida del 0,25% de las pensiones, el mínimo establecido por ley. La situación en Cataluña llevó al Ejecutivo a aprobar en octubre un decreto ley para agilizar el cambio de sede social a las empresas que querían cambiar de domicilio ante la crisis de confianza generada por la declaración unilateral de independencia. Así lo hicieron los grandes bancos y empresas catalanas como Caixabank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis, Colonial o Codorníu, mientras que otras como Freixenet han optado de momento por quedarse. Cerca de 3.000 empresas se han sumado a un éxodo que tuvo su momento álgido durante el mes de octubre. En el plano legislativo cabe destacar también la aprobación con amplio consenso parlamentario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que supondrá un avance en transparencia y calidad, ya que evitará ofertas temerarias, facilitará el acceso de las pymes a la licitación pública y primará criterios sociales y medioambientales en las ofertas.
