La CEOE y el Consejo General de Economistas han celebrado, en la sede de la primera, una Jornada sobre El secreto empresarial. En el acto han intervenido José Amérigo, secretario general técnico del Ministerio de Justicia; Alberto Bercovitz, presidente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia; Pascual Fernández, vicepresidente del Consejo General de Economistas de España, y José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de la CEOE.
El Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, actualmente en tramitación –el plazo de audiencia pública venció el pasado 7 de marzo–, tiene por objeto proteger a las empresas de las prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, a través del robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. Dicho Anteproyecto supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que tiene como fin armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.
En nombre de las entidades organizadoras de la Jornada –CEOE y CGE–, han intervenido José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de la CEOE, y Pascual Fernández, vicepresidente del Consejo General de Economistas de España, quienes han recordado que, hoy en día, las empresas están innovando constantemente y desarrollan una serie de nuevos conocimientos que hacen que nuestra sociedad avance y se satisfagan las necesidades de los consumidores. “Sin embargo –han señalado ambos–, la protección de estos conocimientos, los secretos empresariales, tenían una muy diversa protección en el ámbito de la Unión; por ello, la UE dictó esta Directiva sobre protección de secretos empresariales, que España, honrando a su compromiso, va a proceder a incorporar a su ordenamiento jurídico”. Al final de su intervención, José María Campos, ha afirmado que “de esta manera, entre todos los europeos lograremos una protección suficiente y uniforme de los secretos empresariales de las empresas europeas frente a prácticas de obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros. Esta norma es una muestra más de la necesaria cooperación entre todos los países de la UE, cuyas empresas sabrán que sus secretos empresariales están protegidos conforme un mismo sistema en toda la UE”.
En su intervención, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, José Amérigo, ha manifestado que “el Ministerio de Justicia ha impulsado el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para mejorar la protección de la información confidencial de las empresas y lograr con ello mayor competitividad e innovación”. Según el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, “la falta de instrumentos jurídicos para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos a dicha innovación e impiden que se pueda liberar su potencial como estímulo del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, ésta se ve desincentivada y disminuye la inversión”. Así, por ejemplo –ha señalado Amérigo–, “se estima que la apropiación indebida de un secreto empresarial en determinados sectores como el químico, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en tales secretos, podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocio de hasta un 30%”.
Hasta la fecha los secretos empresariales han contado con cierta regulación como complemento o alternativa. Antes de que se incorporen al Derecho interno las normas de la Directiva, ya existían disposiciones legales en el ordenamiento jurídico español para la protección de los secretos empresariales. Esa regulación estaba contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) y también en la Ley de Competencia Desleal. Para mejorar la protección y homogeneizarla a nivel europeo, se aprobó la citada Directiva (UE) 2016/943.
Para cumplir con el mandato de esta directiva, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, aprobó el pasado 9 de febrero de 2018 el referido anteproyecto legislativo sobre el secreto empresarial, del que –según José Amérigo– “cabe esperar efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior y la competencia, todo ello sin perjudicar la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada y promoviendo a su vez el derecho de propiedad y la libertad de empresa”. “Con el tiempo se prevén efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía” –ha concluido Amérigo, quien ha anunciado que la iniciativa se está tramitando de modo urgente y que se espera que para el mes de mayo se apruebe el proyecto de ley para su remisión a las Cortes Generales y su posterior aprobación parlamentaria.
En último lugar ha intervenido Alberto Bercovitz, presidente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha destacado que “la incorporación de la Directiva (UE) 2016/943 vendrá a completar y modificar la situación legal de la materia del secreto empresarial”. Bercovitz ha añadido que “interesa, por tanto, establecer, por una parte, la relación de la nueva normativa con la legislación en vigor, razón por la cual interesa establecer el vínculo que existe entre unas y otras disposiciones, y naturalmente exponer especialmente cuáles son las novedades que aporta la trasposición de la Directiva”.
