Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017

Estimaciones de ligero crecimiento mundial. Este escenario podría empeorar en caso de que se desbloquee la espiral proteccionista o estalle una crisis financiera.Tres desafíos globales: revolución tecnológica, aumento de la desigualdad y cambio climático.

La Unión Europea alcanzó el ritmo de crecimiento más alto de los últimos diez años, gracias al impulso de la demanda de consumo y al sector exterior.

Riesgos externos: volatilidad de mercados financieros, apreciación del euro, escalada de proteccionismo comercial. Riesgos internos: relaciones con Reino Unido, normalización de política monetaria, endeudamiento público y privado.

Importancia de la aprobación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, un instrumento de coordinación dirigido a fomentar el crecimiento, el empleo y la justicia social junto a la convergencia económica.

Necesidad de un mayor impulso de la política fiscal. La toma de decisiones descentralizada en la Eurozona y la disciplina presupuestaria dificultan su utilización como herramienta de estabilización.

Europa ha de afrontar desafíos: implementar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, avanzar en la reforma de la UEM, potenciar su presencia exterior, avanzar en su política comercial, gestionar la crisis de asilo y refugio, y gestionar el Brexit.

Economía española: crecimiento del 3,1% en 2017, enlazando tres ejercicios con avances del PIB por encima del 3%, recuperando los niveles previos a la crisis. Factores de influencia: buena evolución de la economía internacional, favorables condiciones financieras, mejora de calificación de la deuda soberana. Factores de riesgo: incertidumbre asociada a tensiones políticas en Cataluña y al Brexit, encarecimiento del petróleo, apreciación del euro.

Persisten desequilibrios: altas tasas de desempleo, especialmente la juvenil y la de larga duración, segmentación del mercado de trabajo, aumento de desigualdad en la distribución de la renta, elevado nivel de endeudamiento público.

Escasa actividad legislativa, consecuencia de las dificultades parlamentarias, dejando de lado reformas como el modelo educativo, el cambio climático, la financiación autonómica y local o la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Riesgos para el crecimiento: retirada de estímulos monetarios y su impacto en los tipos de interés, puesta en marcha de políticas proteccionistas, precio del petróleo, salida del Reino Unido de la UE, cronificación de un escenario de incertidumbre en Cataluña.

Todos los sectores contribuyeron al crecimiento del PIB. El avance de la producción permitió un crecimiento del empleo, 2,8%, casi medio millón de puestos. Aumento en número de empresas con asalariados. Son necesarios mayores esfuerzos para garantizar mayor supervivencia de nuevas iniciativas empresariales y facilitar que las empresas alcancen un tamaño óptimo.

Necesidad de un Pacto de Estado por la Industria para lograr un modelo productivo más equilibrado.

Las tensiones en el mercado de la electricidad subrayarían la necesidad de reformarlo.

Crecimiento en número de viviendas terminadas y avance de las obras públicas, aunque todavía los niveles absolutos son muy bajos. La subida de los alquileres reabre el debate sobre la suficiencia del parque de vivienda.

Record en el número de turistas extranjeros, situando a España segundo destino turístico a nivel mundial.

Las entidades financieras aumentaron la concesión de créditos a las economías domésticas destinados a vivienda y a consumo y a las empresas de menor dimensión, facilitando sus inversiones.

En digitalización, avances en infraestructuras y despliegue de fibra y en desarrollo digital de la Administración Pública. Resulta preocupante el menor uso avanzado de Internet, especialmente en las empresas de menor dimensión y, en general, en la población española. Necesidad de medidas para evitar que se amplifiquen las desigualdades.

Desde el inicio de la crisis, el gasto en innovación ha seguido una trayectoria descendente, con caída del 30%, hasta representar el 1,24% del PIB.

Aportaciones positivas de la demanda interna y externa. El gasto privado siguió mostrando buen comportamiento, favorecido por mejora de la renta disponible por mayores facilidades de acceso a la financiación. Parte del gasto se efectuó a través de endeudamiento.

La inversión en construcción y en bienes de equipo aceleró su ritmo de crecimiento en 2017.

La demanda externa neta volvió a contribuir al crecimiento. Favorable evolución de las exportaciones que volvieron a ganar cuota de mercado en el comercio mundial. Semimanufacturas y bienes de equipo volvieron a ser los principales sectores en exportaciones e importaciones.

El nivel de endeudamiento, público y privado, sigue constituyendo uno de los principales desequilibrios, y podría suponer un riesgo si se toma en consideración la anunciada normalización gradual de la política monetaria. Los hogares, con una tasa de ahorro en el mínimo histórico (5,7% de su renta disponible), necesitaron financiación, algo que no sucedía desde 2009.

Preocupante endeudamiento del sector público, un 98,3% del PIB. Esta situación dificulta la inversión pública, condicionando las políticas públicas, particularmente las vinculadas con el Estado de Bienestar.

La remuneración de los asalariados creció a tasas sensiblemente inferiores al excedente bruto/rentas mixtas. Tendencia, a largo plazo, a la caída de importancia económica de la rentas del trabajo. Desacoplamiento entre evolución de la productividad aparente, que aumenta, y la de la remuneración por asalariado real, que tiende a estancarse.

Hasta 2014 se produjo un ajuste salarial importante, con pérdidas de poder adquisitivo, que afectó diferencialmente, más a los trabajadores con salarios más bajos en las pequeñas empresas. Penalización salarial de los nuevos contratos.

Desde 2014, cierta recuperación, sobre todo, de los salarios más bajos, una tendencia que podría verse reforzada por la subida del salario mínimo. La consolidación del aumento de los salarios es importante para afianzar la recuperación de la demanda. Las ganancias de competitividad exterior han sido posibles gracias, en parte, al ajuste de rentas salariales, y lo deseable es que se basen en aumento de la productividad. Ello exige aumentar la inversión en educación, en formación para el empleo, en I+D+i y digitalización.

La inflación continuó con la recuperación iniciada el año anterior. Esta evolución no termina de reflejar el escenario de recuperación económica y el impulso de la demanda interna, especialmente de consumo.

Como consecuencia de la mayor dependencia energética, los precios crecieron en España más que en el conjunto de la UEM. Necesidad de reducir la intensidad energética de la economía española.

Continuó la política de consolidación fiscal. Se redujo el déficit público desde el 4,5 al 3,1%, en línea con el objetivo acordado con la UE. También se redujo ligeramente el peso de la deuda pública en el PIB.

Preocupante que las proyecciones presupuestarias no prevean crecimientos significativos de la inversión pública, clave para impulsar la investigación, la digitalización y la transición energética, necesarias para mejorar la competitividad.

Las economías regionales mostraron un notable dinamismo en 2017, aunque de diferente intensidad. El avance de la actividad, unido al descenso de la población en prácticamente la mitad de los territorios, hizo que todas las CCAA incrementaran su nivel de PIB per cápita.

La dispersión entre niveles de PIB per cápita regional se ha mantenido prácticamente constante. La previsible reducción de fondos de la futura política de Cohesión, hace necesario abordar políticas específicas que favorezcan el desarrollo económico y la creación de empleo, especialmente en las regiones menos favorecidas. Es preciso reformar el actual modelo de financiación, asegurar un nivel mínimo de servicios en todos los territorios, con una financiación estable y suficiente, independientemente de la coyuntura económica.

El mercado de trabajo mejora en 2017, con 483.000 ocupados más y 564.000 parados menos (aumento del 2,6% y retroceso del 12,6%).

La tasa de empleo recuperó en torno a la mitad de lo perdido por la crisis, aunque de seguir el ritmo actual, la pérdida no se superará hasta 2021.

La tasa de paro, 16,5%, 9 puntos por debajo del peor momento de la crisis. Aún queda una considerable distancia respecto a 2007 (algo más de 8 puntos).

Preocupación por el signo de la recuperación en el mercado de trabajo. Desigual efecto en el paro cuando se atiende al sexo, que va configurando una reapertura de la brecha de género. Tasas de paro de jóvenes todavía muy elevadas. Persiste el paro de larga duración. Resultados que consolidan la paulatina traslación al empleo de la recuperación, aunque todavía falta tiempo para considerar superado el impacto de la crisis en el empleo.

Ramas donde el empleo es ya mayor que antes de la crisis: hostelería, actividades profesionales, científicas y técnicas, educación, sanidad y servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y otros servicios.

Mayor peso del empleo de profesionales y de servicios y ventas. Tendencia general a la polarización del empleo.

Nueva alza, (0,6 puntos) en la tasa de temporalidad, que se situó en el 26,7%. El tiempo parcial va cediendo su ritmo de alza. En temporales, ligero aumento de su duración media, de 51 a 54 días, todavía 27 días menos que antes de la crisis. Progresivo mayor peso de los contratos más cortos, un 28,5% los celebrados por una semana o menos.

Respecto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el balance se puede considerar positivo. En 2017 se presentaron 618.985 nuevas solicitudes, más del doble que el año anterior. En todo caso, no se cuenta con una evaluación que recoja sus efectos en incorporación al mercado laboral.

La limitada información sobre las características de la inserción laboral lograda, limita la evaluación de la intermediación realizada.

Se constata un impulso progresivo a la formación dual, aunque hay aspectos que deben mejorar: regulación homogénea, coordinación entre las distintas CCAA. No es posible contrastar las características de la formación impartida y evaluar suficientemente.

En la formación programada por las empresas disminuyó el número de empresas participantes (3,3%), continuando con la preocupante tendencia de caída.

España es el país de la UE que más destina a protección por desempleo (76,3% del total), frente al 64,9% de la UE. Los recursos destinados a políticas activas (23,7%), se sitúan por debajo de la media UE (32,5%).

Gobierno e interlocutores sociales acordaron la prórroga del Plan PREPARA, así como del Plan de Choque por el empleo juvenil. Uno de los pactos más destacables fue el Acuerdo Social sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Acuerdo para la mejora del empleo público, con vinculación de los incrementos salariales a la evolución del PIB.

Continuó ampliándose el volumen de los convenios colectivos registrados, tendencia de paulatina recuperación de la negociación colectiva que se ha venido observando desde 2013.

Los salarios pactados reales disminuyeran (-0,48%) por primera vez en los últimos cuatro años, señalando una pérdida de poder adquisitivo. En los últimos diez años se observó una ganancia acumulada de los salarios pactados reales del 2,03%.

Nuevo aumento en el número de huelgas tras el repunte que se observó en 2016. El volumen total se siguió situando en cifras relativamente moderadas. El volumen de jornadas no trabajadas, un 53% más que en el año anterior y superior a los dos años anteriores.

Los procedimientos tramitados por el SIMA aumentaron un 9%. Sin acuerdo finalizaron el 65,7% del total. Aumentó la proporción de trabajadores afectados por las mediaciones finalizadas con acuerdo casi tres veces más.

El número de actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social fue un 0,43% menos que el año anterior. El número de infracciones, un 7,21% más que en 2016.

El orden Jurisdiccional Social tramitó un 2,6% de asuntos menos que en el año anterior. Continuó la reducción que desde 2016 venía experimentando.

El índice de incidencia de los accidentes de trabajo aumentó un 1%. La construcción registró el mayor aumento. El índice de los accidentes graves aumentó un 3,1%. Las enfermedades profesionales aumentaron un 2,21%.

Los datos sobre la situación social arrojan mejoras, mientras persiste un amplio margen de avance en otros, que dan idea del amplio camino que queda todavía para superar las secuelas sociales de la crisis. La recuperación social está avanzando, aunque de manera mucho más lenta que la económica.

España está afrontando numerosos desafíos que pueden afectar a los fundamentos de la cohesión social: cambios sociodemográficos, transformación del papel de las mujeres en la sociedad, tendencias migratorias, cambio climático, evolución del trabajo y avance de la tecnología y la digitalización en un entorno económico global.

Aumento de rentas medias de hogares, mientras la desigualdad social comenzaba a descender, aunque es un avance incipiente todavía. Descenso del volumen de hogares que no reciben ningún tipo de ingreso, aunque todavía por encima del medio millón.

Algunos indicadores de la situación social se encuentran todavía muy alejados de los valores registrados con anterioridad al comienzo de la crisis. La población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sigue manteniendo algo por encima del 22%.

El gasto en las principales partidas relacionadas con el bienestar lleva experimentando desde 2014 un incipiente aumento, si bien por debajo del experimentado por el PIB.

La situación social esté mejorando de manera desigual, sin alcanzar todavía o de manera suficiente, a gran parte de la población afectada por la crisis.

La brecha entre hábitat rural y urbano constituye una dimensión territorial de la igualdad, cuya superación resulta fundamental para la cohesión social.

Son necesarias estrategias para la revitalización del mundo rural y paliar en la medida de lo posible la despoblación. El CES subraya el mayor riesgo de situaciones de pobreza en la población en zonas rurales, y llama la atención sobre los peores resultados educativos en dichas zonas, relacionados con deficiencias en las infraestructuras educativas.

El reto de la transición hacia una sociedad más igualitaria desde la perspectiva de género.

Vulnerabilidad de los hogares formados por personas de origen extranjero.

En contraste con la magnitud de estos retos, escasez de iniciativas normativas y políticas que prosperaran para abordarlos.

Avance de la participación en educación infantil, así como elevada proporción de jóvenes con educación terciaria.

Aunque se aproxima a la media de la UE-28, todavía tiene un gasto inferior en educación.

Menor participación de adultos en aprendizaje permanente, y una población con inferiores competencias digitales. Alta tasa de abandono escolar temprano (19%), mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, transición ineficiente de la educación al mercado de tr

Aunque las becas han aumentado, casi una cuarta parte de los hogares tiene dificultades para pagar los servicios educativos. Tres de cada diez familias no han podido satisfacer la demanda de cuidados a menores de 3 años.

El Sistema Universitario Español se enfrenta al desfase entre sus capacidades y sus necesidades. Divisiones sociales persistentes, así como lagunas en materia de innovación.

Distancia del modelo de precios más moderados (menos de 1.000 euros/curso) en las titulaciones de grado. Heterogeneidad en los precios de las diferentes CCAA y universidades, diferencias que aumentan el riesgo de desigualdades.

El crecimiento en la creación de hogares haría necesaria la producción de vivienda de obra nueva, así como la rehabilitación. Persiste un importante stock de vivienda sin vender, y gran parte de él tardará en absorberse. En acceso a vivienda adecuada, el esfuerzo de los jóvenes se ha incrementado, lo que retrasa sus posibilidades de emancipación. La sobrecarga de los gastos de la vivienda sigue afectando a un importante segmento de población, incluyendo retrasos en el pago del alquiler y de la hipoteca. Aumentan las personas sin hogar alojadas en centros de acogida y las personas residentes en asentamientos. Escasa efectividad de las políticas de garantía del derecho a una vivienda digna, las políticas de vivienda dirigidas a personas con escasos recursos son la vertiente menor del gasto en protección social. El número de viviendas para alquiler social es claramente insuficiente.

En protección del medio ambiente persisten importantes retos: la gestión del agua, un ámbito que, por sus implicaciones para la cohesión social y territorial, requiere de un alto nivel de consenso que no se llegó a alcanzar en forma de Pacto de Estado; mejora de la gestión de los residuos; en calidad del aire, un 10% de la población declaraba sufrir problemas de contaminación.

Las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido desde 2006 una tendencia neta de descenso.

Problemas de muchos hogares para hacer frente a los gastos de energía.

La utilización de datos de perfiles personales de usuarios de redes sociales ha puesto de relieve las debilidades de los sistemas de protección de datos.

Las mejoras en distintos ámbitos de la protección social, no han bastado para superar las consecuencias de la crisis ni se han distribuido por igual entre todos los sectores. Peor situación relativa de España respecto de prevención de la pobreza y la exclusión social, incluyendo los más vinculados al riesgo de pobreza infantil y el riesgo de pobreza de las personas ocupadas.

Las pensiones de jubilación representaban en 2015 el 39,2% del total del gasto en protección social.

La atención sanitaria absorbía el 26,9% del gasto en protección social.

El gasto en desempleo representaba el 8,8% del gasto en protección social.

La protección a familia e hijos sigue siendo escasa y muy alejada de la media europea.

El déficit del sistema de la Seguridad Social volvió a incrementarse, aunque en porcentaje del PIB se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que el año anterior (1,6%). La mejora de ingresos requiere seguir incidiendo en creación de empleo, y en aquellas características del mismo que más repercuten en el nivel de ingresos, como la elevada incidencia de la contratación temporal.

El comienzo de la recuperación no ha repercutido en una mayor suscripción de instrumentos de previsión social complementaria.

La cobertura de desempleo aumentó ligeramente por primera vez en los últimos siete años (56,2%), por debajo de los niveles alcanzados en 2010 (78,4%). Un peso aún fuerte de la asistencialización del sistema con efectos en la menor cuantía de las prestaciones. Está pendiente una mayor coordinación entre vertiente protectora de los servicios públicos de empleo y su vertiente de activación e intermediación.

El gasto sanitario público aumentó un 4,2%y continúa rompiendo con la línea de descenso de los años de crisis. En listas de espera aumentó el número de pacientes que no han podido ser operados. La demora para las intervenciones quirúrgicas fue, como término medio, de 104 días, veinte días más que en 2016. Proporción muy escasa de personas que no han podido recibir atención sanitaria.

En Rentas Mínimas de Inserción, importante incremento del número de beneficiarios (672), con una notable variabilidad territorial en las cuantías medias.

En el Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, el número de prestaciones asignadas registró por primera vez un incremento. Importante lista de espera y preponderancia de las prestaciones económicas.