El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, ha formalizado con los secretarios generales de CEOE, Ana Plaza y de CEPYME, José Alberto González-Ruiz, el Convenio 2018 para la eliminación y simplificación de cargas administrativas que afectan a las empresas españolas. El acuerdo supone la continuación de los trabajos que dieron comienzo en 2008, año en el que CEOE y CEPYME empezaron a colaborar con el entonces Ministerio de Economía y Hacienda en la labor de detectar los obstáculos administrativos que afrontaban las empresas a la hora de desarrollar su actividad. Se propusieron, a partir de 2009, medidas concretas para simplificar o eliminar los mismos.
Tras diez años, la labor desempeñada en este ámbito por CEOE y CEPYME se concreta en más de 390 iniciativas, muchas de ellas aprobadas en Consejo de Ministros, lo que ha supuesto un ahorro para el sector de cientos de millones de euros.
El nuevo Convenio tendrá como objetivo concretar los obstáculos administrativos que derivan de la aplicación de la Ley 39/2015 de Procedimientos Administrativo Común y las repercusiones de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La entrada en vigor de la Ley 39/2015 y el establecimiento de la obligación de la comunicación digital entre empresas y administraciones públicas como único medio de interrelación entre ambas, puso en evidencia la necesidad de mejorar diversas cuestiones, en especial, las notificaciones electrónicas y la toma de conocimiento de las mismas. Del mismo modo, la nueva Ley de Contratos del Sector Público y el uso de los medios digitales supondrá, al menos en estos momentos iniciales, un trabajo de adaptación, homogenización y coordinación importante.
Para realizar toda esta labor CEOE y CEPYME cuentan con el apoyo de la Red Empresarial de Cargas Administrativas (REDCA) integrada por unas 130 Organizaciones empresariales.
