El secretario general de la CREEX, Francisco Javier Peinado, ha criticado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactado entre el Gobierno y Podemos al no ser estar “debidamente justificada” porque no se ha contado “ni con el apoyo ni con la opinión” de los agentes sociales y económicos dentro de la Negociación Colectiva”. Para los empresarios, esta medida tendrá unos efectos negativos en la negociación colectiva cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas en el IV AENC.
La medida tendrá consecuencias negativas también en la contratación pública pactada con las empresas, en los convenios colectivos en vigor y también para la competitividad de las empresas y la generación de empleo. Además, no se ha tenido en cuenta ni el número de trabajadores afectados.
En este mismo sentido también se ha pronunciado la CEOE, que considera que el acuerdo “cuestiona el Diálogo Social”.
El SMI durante el año 2018 es de 735 euros mensuales. Según el Acuerdo firmado el 26 de diciembre de 2017 entre el Gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales, se establecía que, en caso de un incremento real del PIB superior al 2,5% y un incremento de la afiliación media de 450.000 personas, el SMI para 2019 sería de 773 euros y para 2020, de 850 euros.
PGE 2019
Respecto al resto de acuerdos incluido en el pacto entre Gobierno y Podemos, la patronal considera que la política presupuestaria y fiscal no permitirá consolidar el ciclo económico expansivo de la economía española. La política presupuestaria es expansiva en gastos sociales, elude cualquier referencia al gasto destinado a políticas sectoriales y de inversiones e irá acompañada de una subida de impuestos, sobre todo al sector empresarial.
Por tanto, la política presupuestaria y fiscal no es la adecuada para consolidar para consolidar el ciclo económico por varios motivos que se exponen a continuación:
- Con los niveles de deuda pública tan elevados, aumentar el gasto corriente, es decir, el gasto que se convierte en estructural es un obstáculo para
desaceleración, con riesgos a la baja, a lo que se añade que el BCE realizará probables subidas de los tipos de interés en 2019, lo que significa aumento de intereses en pago de la deuda. Recordemos que actualmente el coste de intereses por deuda pública está en 31.547millones de euros en 2018.
- Discrepamos en cuanto a la afirmación que España tiene un problema de ingresos tributarios puesto que en 2018 la recaudación prevista superará al máximo histórico del 2007, año en el que existió superávit presupuestario. Es evidente que, si se han recuperado los ingresos y, aun así, nos encontramos en déficit, es porque el gasto no se ha contenido. En conclusión, cualquier incremento de la recaudación debe venir por la vía del incremento de las bases imponibles (aumento de la riqueza de empresas y ciudadanos) y no por la del aumento de impuestos.
- Se anuncia un incremento de recaudación de 5.678 millones. Esta estimación no se adecúa con el impacto recaudatorio neto de las medidas fiscales anunciadas que consideramos significativamente inferior.
- El aumento de la carga fiscal, sobre todo al sector empresarial, resta competitividad a la economía española al mismo tiempo que introduce elementos de inseguridad jurídica que van a retrasar las decisiones de inversión, con impacto en la creación de empleo en el sector privado.
- La adopción de medidas unilaterales en materias que están siendo debatidas en la Unión Europea coloca a nuestras empresas en desventaja competitiva.
- Por último, no hay ninguna medida destinada a solucionar los grandes retos de la economía española, es decir, se gasta más, pero no se resuelven los problemas de fondo, como la sostenibilidad del sistema público de pensiones o la reducción de la tasa de paro a través de la promoción de las políticas activas de empleo. Además, no hay propuestas concretas en materia de políticas sectoriales, como la industria, las infraestructuras o el transporte.
