El pasado viernes se constituyó la Comisión interministerial para coordinar la incorporación de criterios sociales en la contratación pública en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y presidido por el secretario de Estado, Mario Garcés. De ese modo, se pone en marcha el Real Decreto aprobado el pasado 2 de marzo por el Consejo de Ministros para incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.
Esta Comisión Interministerial tiene como objetivo avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Asimismo, esta Comisión se crea en el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social. Adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuenta con representación de todos los ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya representación recaerá en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Comisión del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública y para ello podrá elaborar propuestas y recomendaciones, informes o estudios que podrán elevarse al Consejo de Ministros; igualmente, podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.
