El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo. El Plan Estratégico 2018-2020, que se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno, se estructura en 4 ejes -organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación- y fija doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.
El Plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. Además, para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, será prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.
Otras líneas de actuación previstas en el Plan Estratégico son el mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo, el refuerzo de actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, la puesta en marcha de nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
Esta nueva estrategia de la Inspección incide en aquellos aspectos que han dado buenos resultados en los últimos años y que se han convertido en elementos vertebradores de la propia institución: la inversión en capital humano, el fortalecimiento del marco institucional y el uso intensivo de las nuevas tecnologías.
Así, el Plan contempla diversas actuaciones para dotarse de unos recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas. En este sentido, se prevé la continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.
Evaluación del Plan de lucha contra el fraude
El nuevo Plan incluye una evaluación del Plan de Lucha contra el Fraude, aprobado por el Consejo de Ministros en 2012.
El notable incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo -desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores- y una coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.
Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto que pone en marcha a la vez una estructura organizativa nueva, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se trata de una norma que desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura con un elevado nivel de consenso parlamentario y con las Comunidades Autónomas.
La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto.
La creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social permite configurar a ésta como un servicio común a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia. El nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las Comunidades Autónomas -forman parte de su Consejo Rector- y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020.
El Organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Dentro del Organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una colaboración institucional más intensa con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Juzgados y Tribunales).
Además, la Oficina Nacional será el organismo español de enlace con la Plataforma Europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea que ha entrado en funcionamiento en mayo de 2016.
Para la elaboración del Plan y los Estatutos se ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el texto se ha presentado a los interlocutores sociales, y se ha debatido en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La aprobación del Plan Estratégico y la entrada en funcionamiento del nuevo Organismo permitirán hacer de la Inspección de Trabajo una estructura administrativa mejor organizada, relacionada de una forma más directa con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales y, sobre todo, más capacitada para ofrecer un servicio público de calidad a las empresas y a los trabajadores.
