El momento político actual ha pesado más en la elaboración de las cuentas públicas que la necesidad de anclar la recuperación, se indica en el documento de Análisis de los PGE para 2018, realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Europeos y por el de Relaciones Laborales de CEOE.
Los empresarios destacan que en un momento de ciclo económico alcista de la economía española, la política presupuestaria adquiere un sesgo claramente expansivo, a pesar de que nuestro país no ha abandonado todavía el protocolo de déficit excesivo que marca la Unión Europea (déficit público por debajo del 3% del PIB), y de que los niveles de deuda pública son muy elevados (98,3% del PIB el pasado año).
El documento destaca que estos presupuestos se enmarcan en la política de consolidación presupuestaria, al fijar un nuevo descenso del déficit público. El Gobierno estima que el saldo del conjunto de las Administraciones se situará en el -2,2% del PIB en 2018. Un objetivo, a juicio de CEOE, que parece difícil de alcanzar, dado el ajuste que tiene que llevar a cabo la Administración Central (desde el -1,9% en el pasado año al -0,7% del PIB en este año).
La consecución del objetivo del -2,2% está basada en un ejercicio de equilibrio poco realista, ante el aumento del gasto y la sobreestimación de los ingresos. En este sentido, CEOE señala que se prevé una recaudación de 210.015 millones de euros, con un aumento de un 8,2% respecto a la recaudación real de 2017, que ha sido de 193.950 millones. Sin embargo, se estima que sin el impacto del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), la recaudación habría alcanzado los 198.100 millones de euros. Si se realizan las comparaciones con esta última cifra, el incremento de recaudación previsto para 2018 ascendería a un 6%.
En cualquier caso, es una tasa de crecimiento que parece excesiva al ser muy superior al incremento estimado del PIB nominal. De cumplirse las previsiones, el nivel de recaudación tributaria superaría por primera vez el de 2007, cuando se lograron los máximos históricos.
Para los empresarios, las mejores cifras de ingresos, junto a la anunciada rebaja del IRPF, deben ser aprovechadas para acometer bajadas de impuestos que afecten, sobre todo, al sector empresarial y favorezcan la creación de empleo y la inversión, lo que contribuiría a fortalecer la recuperación.
Falta de eficiencia en Administraciones
CEOE echa en falta en estos Presupuestos unas cuentas centradas en la reducción del gasto público, sobre todo el no productivo, y en el incremento de la eficiencia del conjunto de las Administraciones Públicas.
Así las cifras de Presupuesto apuntan a un incremento del gasto consolidado (Presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y resto de entidades del sector público estatal) de las operaciones no financieras de un 3% en 2018, hasta los 327.955 millones de euros. El techo de gasto del Estado se incrementa un 1,3% y el disponible para los ministerios el 5%.
El aumento de las transferencias a las CCAA, junto con el camino de subidas salariales pactado para el personal del sector público y otros colectivos son muestra de un presupuesto claramente expansivo en su vertiente social.
Aun así, en este ámbito se valora de forma positiva el cambio de tendencia, ya que aumentan las dotaciones para las actividades económicas un 7,2%. Se trata de un aumento que todavía está lejos de los niveles anteriores a la crisis, que es algo que no sucede con el resto de las políticas.
En el ámbito de las pensiones, se ha insistido y se continuará reclamando la necesidad de acometer una urgente revisión y reforma del Sistema Público de Pensiones, simplemente porque se considera imprescindible alcanzar un sistema viable y sostenible en el tiempo.
Los empresarios destacan que en un momento de ciclo económico alcista de la economía española, la política presupuestaria adquiere un sesgo claramente expansivo, a pesar de que nuestro país no ha abandonado todavía el protocolo de déficit excesivo que marca la Unión Europea (déficit público por debajo del 3% del PIB), y de que los niveles de deuda pública son muy elevados (98,3% del PIB el pasado año).
El documento destaca que estos presupuestos se enmarcan en la política de consolidación presupuestaria, al fijar un nuevo descenso del déficit público. El Gobierno estima que el saldo del conjunto de las Administraciones se situará en el -2,2% del PIB en 2018. Un objetivo, a juicio de CEOE, que parece difícil de alcanzar, dado el ajuste que tiene que llevar a cabo la Administración Central (desde el -1,9% en el pasado año al -0,7% del PIB en este año).
La consecución del objetivo del -2,2% está basada en un ejercicio de equilibrio poco realista, ante el aumento del gasto y la sobreestimación de los ingresos. En este sentido, CEOE señala que se prevé una recaudación de 210.015 millones de euros, con un aumento de un 8,2% respecto a la recaudación real de 2017, que ha sido de 193.950 millones. Sin embargo, se estima que sin el impacto del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), la recaudación habría alcanzado los 198.100 millones de euros. Si se realizan las comparaciones con esta última cifra, el incremento de recaudación previsto para 2018 ascendería a un 6%.
En cualquier caso, es una tasa de crecimiento que parece excesiva al ser muy superior al incremento estimado del PIB nominal. De cumplirse las previsiones, el nivel de recaudación tributaria superaría por primera vez el de 2007, cuando se lograron los máximos históricos.
Para los empresarios, las mejores cifras de ingresos, junto a la anunciada rebaja del IRPF, deben ser aprovechadas para acometer bajadas de impuestos que afecten, sobre todo, al sector empresarial y favorezcan la creación de empleo y la inversión, lo que contribuiría a fortalecer la recuperación.
Falta de eficiencia en Administraciones
CEOE echa en falta en estos Presupuestos unas cuentas centradas en la reducción del gasto público, sobre todo el no productivo, y en el incremento de la eficiencia del conjunto de las Administraciones Públicas.
Así las cifras de Presupuesto apuntan a un incremento del gasto consolidado (Presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y resto de entidades del sector público estatal) de las operaciones no financieras de un 3% en 2018, hasta los 327.955 millones de euros. El techo de gasto del Estado se incrementa un 1,3% y el disponible para los ministerios el 5%.
El aumento de las transferencias a las CCAA, junto con el camino de subidas salariales pactado para el personal del sector público y otros colectivos son muestra de un presupuesto claramente expansivo en su vertiente social.
Aun así, en este ámbito se valora de forma positiva el cambio de tendencia, ya que aumentan las dotaciones para las actividades económicas un 7,2%. Se trata de un aumento que todavía está lejos de los niveles anteriores a la crisis, que es algo que no sucede con el resto de las políticas.
En el ámbito de las pensiones, se ha insistido y se continuará reclamando la necesidad de acometer una urgente revisión y reforma del Sistema Público de Pensiones, simplemente porque se considera imprescindible alcanzar un sistema viable y sostenible en el tiempo.
