«No». Esa es la respuesta que dio ayer la patronal empresarial, CEOE, a la propuesta de imponer por ley un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes. No fue una negación tajante la que salió de boca de Antonio Garamendi, presidente de Cepyme y que se postula como futuro presidente de la organización. Fue un aviso que, para el caso, sonó a lo mismo. En una entrevista en RNE, Garamendi advirtió de que imponer «por ley» un salario de 14.000 euros anuales puede «influir en las contrataciones», por lo que defendió que los sueldos se vayan ajustando en la negociación colectiva.
Garamendi respondió así a la intención de los sindicatos de pedir al Gobierno que eleve el salario mínimo interprofesional (SMI) a dicha cuantía ante las dificultades que estaban encontrando para hacerlo en la negociación de los convenios.
En la actualidad, el SMI español es de 736 euros en 14 pagas, por lo que situarlo en los 1.000 euros supondría incrementarlo un 36%. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy acordó con los sindicatos una subida progresiva de este salario hasta los 850 euros en 2020. El acuerdo pasa por subirlo un 5% el año próximo, hasta los 773 euros, y un 10% adicional en 2020, hasta los 850. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio su intención de que dentro de dos años el SMI se sitúe en 1.000 euros mensuales, tal y como había reclamado cuando estaba en la oposición. El jefe del Ejecutivo dijo entonces que «los propios sindicatos y empresarios han firmado este acuerdo que nosotros respaldamos».
Recomendación
Sánchez se refería al IV Acuerdo de Negociación Colectiva firmado por la CEOE, Cepyme, CC OO y UGT en julio, que establecía un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales de «manera progresiva». Fuentes de la patronal aclaran que lo firmado es una recomendación que, en ningún caso, obliga a implantar 1.000 euros, como interpreta Sánchez. En España hay unos 534.000 trabajadores que cobran el salario mínimo y que representan aproximadamente el 3% de los trabajadores.
El incremento del salario mínimo es una de las reivindicaciones que los sindicatos tienen siempre en cartera. Muchos economistas, sin embargo, no están convencidos de la virtud de incrementarlo sin más. El estudio «Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España» del Instituto de Estudios Económicos (IEE) concluye que «si la subida del salario mínimo, aunque aumente la renta de algunos trabajadores, reduce la de otros, ya sea porque se acorte la jornada, pierdan su empleo o permanezcan en el paro los que en ausencia de dicha subida habrían encontrado trabajo, entonces dicha medida podría deterior la situación de los trabajadores de menor renta en su conjunto». Por este motivo, añade, ni su defensores más acérrimos son partidarios de pedir que se iguale al salario medio.
El salario mínimo por ley de 1.000 euros no fue el único «no» de Garamendi. El representante empresarial se mostró contrario a tocar impuestos como el de sociedades o de crear otros como el de transacciones financieras porque, a su juicio, los acaban pagando los consumidores. Sobre la política fiscal, Garamendi afeó al Gobierno su política de globos sonda «con noticias a la mañana, que por la noche son otras». «Todo esto, que no está definido, crea inseguridad», afirmó, y agregó que «la economía funciona por estabilidad». En este sentido, apuntó que España se encuentra en un momento «delicado», con unos vientos de cola que «no son para nada los que tenemos ahora». Aunque consideró que España está «preparada para funcionar» y la economía va a crecer por encima de la media de la UE, el «riesgo» es que «nos hagamos la trampa en el solitario» y que «ahora nos gastemos lo que no tenemos».
En la actualidad, el SMI español es de 736 euros en 14 pagas, por lo que situarlo en los 1.000 euros supondría incrementarlo un 36%. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy acordó con los sindicatos una subida progresiva de este salario hasta los 850 euros en 2020. El acuerdo pasa por subirlo un 5% el año próximo, hasta los 773 euros, y un 10% adicional en 2020, hasta los 850. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio su intención de que dentro de dos años el SMI se sitúe en 1.000 euros mensuales, tal y como había reclamado cuando estaba en la oposición. El jefe del Ejecutivo dijo entonces que «los propios sindicatos y empresarios han firmado este acuerdo que nosotros respaldamos».
Recomendación
Sánchez se refería al IV Acuerdo de Negociación Colectiva firmado por la CEOE, Cepyme, CC OO y UGT en julio, que establecía un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales de «manera progresiva». Fuentes de la patronal aclaran que lo firmado es una recomendación que, en ningún caso, obliga a implantar 1.000 euros, como interpreta Sánchez. En España hay unos 534.000 trabajadores que cobran el salario mínimo y que representan aproximadamente el 3% de los trabajadores.
El incremento del salario mínimo es una de las reivindicaciones que los sindicatos tienen siempre en cartera. Muchos economistas, sin embargo, no están convencidos de la virtud de incrementarlo sin más. El estudio «Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España» del Instituto de Estudios Económicos (IEE) concluye que «si la subida del salario mínimo, aunque aumente la renta de algunos trabajadores, reduce la de otros, ya sea porque se acorte la jornada, pierdan su empleo o permanezcan en el paro los que en ausencia de dicha subida habrían encontrado trabajo, entonces dicha medida podría deterior la situación de los trabajadores de menor renta en su conjunto». Por este motivo, añade, ni su defensores más acérrimos son partidarios de pedir que se iguale al salario medio.
El salario mínimo por ley de 1.000 euros no fue el único «no» de Garamendi. El representante empresarial se mostró contrario a tocar impuestos como el de sociedades o de crear otros como el de transacciones financieras porque, a su juicio, los acaban pagando los consumidores. Sobre la política fiscal, Garamendi afeó al Gobierno su política de globos sonda «con noticias a la mañana, que por la noche son otras». «Todo esto, que no está definido, crea inseguridad», afirmó, y agregó que «la economía funciona por estabilidad». En este sentido, apuntó que España se encuentra en un momento «delicado», con unos vientos de cola que «no son para nada los que tenemos ahora». Aunque consideró que España está «preparada para funcionar» y la economía va a crecer por encima de la media de la UE, el «riesgo» es que «nos hagamos la trampa en el solitario» y que «ahora nos gastemos lo que no tenemos».
Fuente: La Razón / Roberto L. Vargas.
