La CREEX apoya la actualización gradual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero considera que el fuerte incremento unilateral que ayer publicó el BOE en el Real Decreto 1562/2018, y que lo sitúa en los 900 euro mensuales para 2019, genera incertidumbre económica y podría afectar de forma negativa a la competitividad de nuestra economía y al empleo. Se trata de un aumento del 22,3% respecto a 2018, es decir, el más elevado en la serie histórica del SMI y se produce en una fase de desaceleración gradual de la actividad económica, por lo que una pérdida de competitividad podría acelerar esa ralentización de la economía. Por otro lado, como consecuencia del menor crecimiento del PIB previsto para 2019, la creación de empleo también será inferior a la de 2018, y todavía la tasa de paro es elevada, algo inferior al 15% en el tercer trimestre de 2018.
Por ello, el objetivo esgrimido por el Gobierno de mejorar las rentas salariales de los trabajadores con sueldos más bajos puede quedar diluido por otros efectos no deseados.
Además, también hay que tener en cuenta las posibles consecuencias negativas que la aplicación del nuevo SMI puede tener para la economía de Extremadura y su mercado laboral, ya que nuestro tejido productivo está formado principalmente por micropymes, pymes y autónomos que van a tener que hacer frente a un significativo sobrecoste salarial, poniendo en riesgo su competitividad y su supervivencia.
Por otro lado, supondrá un obstáculo más para ayudar a solucionar el grave problema del desempleo en Extremadura, donde en la actualidad padecemos una tasa de paro del 21,68%, casi 7 puntos por encima de la media nacional, según los datos del tercer trimestre del año.
Consecuencias para las empresas
Debe tenerse presente que el aumento del SMI determina el incremento de la base mínima de cotización. Según los cálculos realizados por CEOE, el aumento en la base mínima de cotización supondrá, por cada trabajador perteneciente al Régimen General que cobre el salario mínimo actual, un incremento de casi 740 euros al año en las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador subirán en 146 euros. CEOE estima que las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa crecerán en unos 500 millones de euros en 2019 como consecuencia de la subida del SMI a 900 euros.
A la cantidad de 500 millones de euros hay que añadir unos 1.600 millones de euros que supondrá de coste adicional para las empresas la subida de los salarios mínimos a 900 euros a todos los trabajadores que estén en la actualidad por debajo de dicha cantidad. De esta forma, el aumento del SMI a 900 euros supondrá un coste adicional para las empresas de unos 2.100 millones de euros en concepto de costes laborales.
Asimismo, el Gobierno debería tener en cuenta el importantísimo impacto del incremento en las empresas proveedoras de servicios en contratos públicos, en aquellos supuestos en los que las condiciones salariales actuales de los trabajadores sean inferiores a las derivadas de la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional, dado que no pueden repercutir el incremento de costes laborales que les supone la subida del SMI en los contratos públicos; sin que el empresario tenga ninguna capacidad de anticiparse a esta situación al momento de celebrar el contrato, lo que produce, de forma evidente, una ruptura del equilibrio económico del mismo.
En definitiva, el mercado laboral no necesita medidas que frenen la creación de empleo, especialmente entre los trabajadores de menor cualificación, sino medidas que lo dinamicen. Al fin y al cabo, quienes crean empleo son las empresas y éstas no necesitan obstáculos ni sobrecostes que dificulten su día a día, sino medidas que incentiven y favorezcan la generación de actividad económica.
Por lo tanto, la subida del SMI se debería haber efectuado de forma gradual en el tiempo, con el correspondiente régimen transitorio y acorde con lo pactado por los interlocutores sociales, para que no impida la supervivencia de la actividad económica de algunos sectores productivos e implique una drástica reducción del empleo, desaparición de empresas y una fuerte pérdida de competitividad.
Diálogo Social
Se debe señalar que la patronal siempre ha apoyado una subida del SMI aunque gradual y teniendo en cuenta variables como el crecimiento del PIB y el número de afiliados a la Seguridad Social.
En este sentido, hay que recordar que el 26 de diciembre de 2017, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaron con el Gobierno de España, en el marco del diálogo social, un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional, según el cual el incremento del mismo sería:
- • El 4% para 2018, resultando 736 euros al mes en 14 pagas y 10.304 euros al año.
- • El 5% para 2019, quedando en 773 euros al mes en 14 pagas y 10.819 euros al año.
- • Y el 10% para 2020, alcanzando así los 850 euros al mes en 14 pagas y 11.901 euros al año.
Este Acuerdo se materializaría en dichos porcentajes siempre que la economía registrase un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las cuatrocientas cincuenta mil personas, todo ello en términos interanuales y según los últimos datos publicados en el momento de determinar el SMI de cada año.
Es por esto que para las organizaciones empresariales, la fijación unilateral por el Gobierno del SMI en 900 euros cuestiona y devalúa gravemente el valor del diálogo social al haberse suscrito ya en 2017 el Acuerdo citado, que quedaría en papel mojado. Supone, por lo tanto, una muestra de deslealtad al diálogo social y al papel constitucional de organizaciones empresariales y sindicales para la defensa de los intereses que les son propios y un menoscabo del valor de la negociación colectiva, amparada también por el texto constitucional.
Igualmente, se minusvalora que el 5 de julio de 2018 se firmó por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), que ya recomendaba el establecer de forma progresiva durante su vigencia hasta 2020 un salario mínimo de 14.000 euros anuales, con absoluto respeto a la autonomía de cada unidad de negociación, comprometiendo la aplicación de dicho Acuerdo.
