Extremadura se mantiene en la decimoquinta posición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2019 al no haber emprendido ningún tipo de reformas en lo que va de año y ve urgente reformar profundamente el Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF. Este dato confirma la denuncia de la CREEX sobre el esfuerzo fiscal que soportan las empresas extremeñas, lo que incrementa la brecha de desigualdad de oportunidades.
Según el IACF, presentado este martes por la Unión de Contribuyentes (UC), el País Vasco, Madrid, La Rioja y Canarias son las comunidades más competitivas desde el punto de vista fiscal, mientras que Cataluña, Asturias y Aragón ocupan las peores posiciones a nivel impositivo.
El IACF, que clasifica a todas las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas, Cataluña sigue, como en 2018, por debajo del aprobado, con una nota del 4,9 puntos.
Ello se debe sobre todo a la persistencia de un número muy elevado de impuestos autonómicos adicionales a los cedidos por la Administración central.
Según esta clasificación, once CC AA mantienen una competitividad en impuestos que no sobrepasa la puntuación de seis (Asturias, Aragón, Valencia, Extremadura, Navarra, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León), mientras que cinco se sitúan entre el seis y el siete (Cantabria, Canarias, La Rioja, Guipúzcoa y Álava) y sólo dos superan la puntuación de siete (Madrid y Vizcaya).
Las comunidades que más bajan son Asturias y Navarra y la mejora más pronunciada es la de Galicia.
La CREEX denuncia el esfuerzo fiscal que soportan las empresas extremeñas
La CREEX viene denunciando la asfixia que padecen las pequeñas y medianas empresas por la excesiva presión fiscal, por lo que ha demandado una rebaja de los impuestos que soportan con los objetivos de reforzar su competitividad y contribuir al crecimiento económico, como se recoge en el documento elaborado por la Confederación ’13 retos & 100 soluciones para las empresas extremeñas’.
En él se recuerda que el impuesto de sociedades no es el único al que tienen que hacer frente, puesto que hay que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social y numerosos impuestos y tasas regionales y locales. Esta situación supone que de media la factura fiscal de una empresa extremeña presenta un tipo efectivo del 49,57% sobre su resultado bruto de explotación. Es decir, las pymes extremeñas tienen que realizar un gran esfuerzo fiscal, lo que disminuye su margen de explotación al tiempo que se incrementa la desigualdad de oportunidades.
Por ello, la CREEX ha propuesto distintas rebajas y bonificaciones fiscales a la investigación, al comercio minorista, así como la disminución del gasto al que tienen que hacer frente las pequeñas empresas y autónomos por las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros aspectos.
Todo ello sin olvidar la necesidad de que Extremadura cuente con un trato fiscal favorable y diferenciado para lograr una economía más competitiva y atractiva a las inversiones, tanto de las empresas de la región como de empresas de fuera que se interesen por crear nuevos proyectos y negocios. En definitiva, que Extremadura disponga de ventajas y estímulos fiscales atractivos para que pueda competir con el resto de regiones en condiciones de absoluta igualdad.
