El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado ha aludido al incremento de la tensión laboral, con amenaza de huelga en algunas empresas y el estancamiento del conflicto en el convenio del campo, apuntando directamente al gobierno de la nación de la situación generada y reclamando sensatez a los representantes de los trabajadores.
“En estas tensiones el responsable es el gobierno de Sánchez, que decretó, de manera unilateral y sin contar con las mesas de diálogo social, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional de casi un 23% de un día para otro”, ha afirmado, para añadir: “esto ha adulterado y está dopando la negociación colectiva, que siempre ha de regirse por la paridad entre la parte sindical y la parte empresarial; ahora, la parte sindical se ha encontrado con más munición que la empresarial, por esa subida que pone el listón muy alto en determinados convenios”.
Por eso, Peinado ha apelado a la responsabilidad de los representantes sindicales: “tienen que evaluar que aún no hemos salido de la terrible crisis y nos vemos envueltos en una desaceleración. Si en este escenario rompemos la moderación y queremos volver a otros tiempos anteriores a la crisis, estamos muy equivocados”.
El secretario general de la CREEX ha continuado apelando “a la sensatez, a que esta sensatez se traslade a situaciones como la negociación del convenio del campo, donde desde la parte empresarial se están haciendo cesiones, pero luego escuchamos a representantes de los sindicatos hablar de que no firman si no se les da tal y cual, marcando líneas rojas, y así es difícil firmar nada”.
En el caso de que la situación persista, ha advertido de que firmar un nuevo convenio no es obligatorio, “sino un tema de responsabilidad compartida”, por lo que podría darse el caso de que el 1 de enero no haya convenio y los trabajadores del campo se regirían por el Estatuto de los Trabajadores. “Esto no es la hecatombe, pero sería un paso atrás, y puedo asegurar que la parte empresarial no está en esto”. Sin embargo, ha añadido que lo que no pueden decir los empresarios “es sí a todo, porque nos jugamos el mantenimiento, la viabilidad de las empresas, y si se ven abocadas a cerrar el efecto es muy pernicioso para toda la sociedad, porque se destruye empleo, y ahora hay que centrarse también en quienes no lo tienen”.
El Gobierno reconoce su fiasco
La visión de la CREEX en este asunto ha encontrado, además, un aliado ‘inesperado’. Se trata nada menos que del propio Ministerio de Trabajo. Ayer mismo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, pese a calificar de ‘éxito’ la subida unilateral del SMI reconoció su impacto negativo (‘daño colateral’, lo llamó) en los colectivos más desfavorecidos, es decir, en los sectores laborales menos cualificados, tal y como había advertido en su día la organización más representativa del empresariado extremeño.
En concreto, Granado aludió a las empleadas de hogar y los trabajadores del campo como colectivos vulnerables perjudicados por la medida. En el caso de los trabajadores agrícolas, el representante del Ministerio de Trabajo señalaba que se ha producido un descenso en el número de horas declaradas, lo que supondría que se está, al menos parcialmente, compensando la subida a base de trabajar más horas. El propio sindicato UGT ya avisó de que el nuevo SMI tendría difícil encaje en los convenios del campo.
Según ha incidido Peinado, lo que indican tanto el Ministerio como el sindicato UGT es algo que se viene manifestando en el conflicto del campo extremeño, por lo que sorprende que las fuerzas sindicales a nivel nacional reconozcan la situación y vean el modo de paliar los efectos negativos, y sin embargo en Extremadura se mantengan en posturas maximalistas que nos alejan del acuerdo.
