Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no son los que necesita la economía española, en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, señala CEOE -organización a la que pertenece la CREEX- tras concoer las cuentas que el Consejo de Minsitros aprobó el pasado viernes.
El objetivo de déficit público para 2019 se concreta en el -1,3% del PIB, frente al adelantado en el Plan Presupuestario (-1,8% del PIB). Por lo tanto, se retoma la senda de consolidación fiscal inicial. A su vez, se espera una reducción de la deuda pública hasta niveles del 95,4% del PIB en este ejercicio.
El cuadro macroeconómico del Gobierno en que se apoya los PGE-2019 se ha revisado a la baja respecto al que se había estimado en octubre. En concreto, se contempla un aumento del PIB del 2,2% en 2019, una décima menos que el previsto anteriormente. Esta revisión se ha debido, fundamentalmente, al menor dinamismo de la economía mundial y a un ajuste fiscal más alto del inicialmente previsto.
A falta de conocer las cifras detalladas, la política de gastos será expansiva en lo social (cuyo peso se eleva al 57,3% del gasto consolidado), especialmente en pensiones (6,2%) y dependencia (59%). Por lo tanto, la mejora del saldo presupuestario se basa en un aumento notable de los ingresos tributarios, sobre todo, los que recaen en el sector empresarial.
Las cifras de ingresos demuestran que España no tiene un déficit de recaudación tributaria. De hecho, en 2018 y a falta de cifras definitivas, se estima que la recaudación alcanzará los 207.000 millones de euros, un 1,5% inferior a la presupuestada, pero superior, por primera vez, al máximo histórico de recaudación del ejercicio 2007, año en el que existió superávit presupuestario.
Es evidente que, si se han recuperado los ingresos a los niveles de precrisis y, aun así, nos encontramos en déficit, es porque el gasto no se ha contenido. Para 2019, la estimación prevista de ingresos tributarios será de 227.356 millones de euros, un 9,5% superior a la recaudación final estimada para 2018, cifra que a todas luces parece elevada, dadas las perspectivas de desaceleración de la economía española.
En cuanto al detalle de las cifras de ingresos, se anuncia un incremento de recaudación de 20.000 millones de euros, de los que 5.600 millones se corresponden con nuevas medidas fiscales, de las que solo una parte se incluyen en la Ley de Presupuestos (modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, IRPF, Patrimonio y tributación del gasóleo). En conjunto, consideramos excesivo el incremento de recaudación estimado ya que:
- Los 1.200 millones de euros estimados como recaudación por el impuesto a las empresas tecnológicas, parecen excesivos, ya que las estimaciones de recaudación del gobierno anterior, sobre una propuesta de impuesto muy similar, ascendían a 600 millones de euros.
- De los 1.500 millones de euros correspondientes al efecto neto de las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades (el neto entre el 15% de tributación mínima sobre base imponible, reducción de dos puntos en el tipo nominal para Pymes con facturación inferior al millón de euros y la tributación de parte de los beneficios obtenidos por filiales extranjeras que actualmente se encuentran exentos al 100%), el aumento de recaudación más significativo vendría dado por la tributación parcial (un 5% según las cifras anunciadas) de los dividendos percibidos de filiales extranjeras.
- Este concepto, utilizando las cifras del Impuesto de 2016, podría aportar por sí solo 1.300 millones de euros. Sin embargo, dicha recaudación depende de que las empresas afectadas sigan recibiendo dividendos de las filiales en la misma cuantía que en los últimos años, y no es descartable que la cifra de ingresos por dividendos disminuya, precisamente, por la existencia de esta nueva obligación tributaria.
- En cuanto al aumento de la fiscalidad del gasóleo, las estimaciones anteriores suponían un aumento de recaudación de 400 millones de euros, que pasan ahora a ser 670 millones de euros.
- Las medidas fiscales no se han adoptado todavía, estando pendientes la mayoría de ellas, de su tramitación parlamentaria por lo que, necesariamente se reduce el periodo del ejercicio en el que estarían vigentes, sin que se haya producido un reflejo de dicha circunstancia en la estimación de recaudación incluida en los Presupuestos.
- Por último, en cuanto al incremento de bases que justifica el resto de aumento de recaudación (unos 14.500 millones, un 7% sobre la recaudación real estimada de 2018) nos parece difícilmente alcanzable en un escenario de desaceleración de nuestra economía.
Hay que tener en cuenta que, en el contexto económico y con los niveles de deuda pública actuales (96,9% del PIB en 2018), aumentar el gasto que se convierte en estructural dificulta el proceso de consolidación fiscal y es un obstáculo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo. Además, este presupuesto no contempla medidas destinadas a solucionar los grandes retos de la economía española, como la sostenibilidad del sistema público de pensiones o la reducción de la tasa de paro a través de la promoción de las políticas activas de empleo.
A este aumento de la carga fiscal a las empresas hay que sumarle el incremento de costes que supone la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas, destacando especialmente dos por su especial incidencia. La primera es que el tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotización aplicables a cada uno de ellos, se establece en 4.070,10 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7%. La segunda es que la cuantía de la base mínima de cotización en el Régimen General se incrementa en el mismo porcentaje que el SMI (22,3%), situándose en 1.050 euros mensuales, siendo la estimación de los ingresos adicionales de 1.484 millones de euros.
