El secretario general de la CREEX, Francisco Javier Peinado, ha criticado la regulación contenida en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, que, entre otras medidas de carácter social, laboral y de empleo, establece la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las prácticas académicas. A su juicio, “conllevará costes añadidos para las empresas y pondrá en peligro dichas prácticas”.
Peinado ha explicado que esta medida es un “error” que lo que conseguirá es “desincentivar las prácticas en empresas porque si ya de por sí hay problemas para conseguir que haya empresas dispuestas a acoger a personas en prácticas, esto lo va a dificultar aun más”.
El secretario general de la CREEX ha señalado que inicialemente un becario “no aporta valor añadido y por eso no se puede justificar que la empresa tenga que asumir ese coste”. Además, ha recordado que un becario representa ya otros costes “materiales y de tiempo” porque hay que preparar un puesto de trabajo y necesita un tutor que se encargue de su formación.
Por todo esto, ha advertido que esta medida “lastrará la productividad y la competitividad de las empresas” y su puesta en marcha “no servirá para paliar los problemas de liquidez de la Tesorería de la Seguridad Social”. “Otra cosa-ha propuesto- es que sean los organismos estatales o privados que ofertan esta formación los que interioricen el coste, como la Administración o las universidades”.
Además, considera que la medida aumenta la inseguridad jurídica existente en la actualidad en relación con el momento a partir del cual empieza a regir esta obligación.
Así mismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha criticado esta imposición porque no ha sido abordada en el marco del diálogo social, tal como estaba comprometido en la composición de las diferentes mesas tripartitas y en el Plan de Choque de Empleo Joven y por no haber cumplido el compromiso de analizar de manera conjunta y global la figura del estatuto del becario.
Para la Confederación, esta circunstancia perjudicaría tanto a las empresas y los estudiantes, como al sistema de Formación Profesional y Universitario, y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta de acercamiento de la educación a las necesidades laborales.
Los empresarios solicitan que en la tramitación como Proyecto de Ley se implemente el acuerdo que surja de un proceso de diálogo y negociación tripartito en la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales.
