Las Juntas Directivas de CEOE y de CEPYME, en las reuniones que han mantenido hoy, han mostrado su preocupación ante el anuncio de la ministra de Trabajo de cambiar varios aspectos de la reforma laboral de 2012, antes de que se celebren las elecciones generales en España el próximo día 28 de abril.
Según los empresarios españoles, no tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobar un Real Decreto Ley laboral con clara vocación electoralista antes de los comicios. CEOE y CEPYME creen que cambios legislativos tan relevantes deben aprobarse mediante un Proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley. Esta última opción excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseable en cualquier proceso democrático.
La Constitución Española limita el recurso al Real Decreto-Ley a los supuestos en que concurra “una extraordinaria y urgente necesidad”. La Carta Magna garantiza, así, la máxima restricción del empleo de este tipo normativo que, en última instancia, priva al Congreso de los Diputados y al Senado de la potestad de dictar Leyes con la suficiente deliberación de todos los Grupos Parlamentarios.
El Gobierno debe tener en cuenta, además, que el artículo 86 de la Constitución excluye una serie de materias de la regulación por Real Decreto Ley, especialmente “los Derechos, Deberes y Libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1”.
Tanto el Ejecutivo como el conjunto de los partidos políticos tienen que ser conscientes de que el uso abusivo del Real Decreto Ley constituye una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las Leyes. Según los empresarios, el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática del país.
Asimismo, los empresarios muestran su preocupación porque se puede romper de forma unilateral el diálogo social. CEOE y CEPYME avisan de que no tiene sentido volver a orillar el dialogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad del Ejecutivo de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas.
